Ley de arrendamientos

Por Alberto Dearriba

El kirchnerismo encarará esta semana en la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley de Arrendamiento de campos que constituye un reclamo histórico de los chacareros nucleados en la Federación Agraria Argentina (FAA), luego de haber frenado un nuevo intento de rebajar las retenciones a las exportaciones de soja, camuflado en el proyecto de Ley de Facultades Delegadas.

La iniciativa oficial sobre arrendamientos agrarios genera contradicciones entre los integrantes de la Mesa de Enlace, unidos por la comunidad de intereses que genera el generoso negocio de la soja. Representante histórica de los chacareros sin tierras que estallaron en el grito de Alcorta, la base de la FAA fue mutando en pequeños propietarios que pasaron a tener intereses coincidentes con los terratenientes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), con quienes disputaban antiguamente los precios de los arrendamientos.

El proyecto de Ley de Arrendamiento que comenzará a avanzar esta semana en la cámara baja, fue redactado por el centroizquierdista Eduardo Macalusse, sobre la base de borradores proporcionados precisamente por la FAA, por lo cual la iniciativa mejora la posición de los arrendatarios frente a los terratenientes.

El proyecto fue una de las iniciativas que el Gobierno acercó el año pasado a los dirigentes de la FAA para que aceptaran las retenciones segmentadas a través de reintegros plasmada en la Resolución 125, que naufragó ruidosamente en el Senado el año pasado.

Después de la derrota oficialista del Senado, el proyecto de Ley de Arrendamiento quedó cajoneado y fue desempolvado ahora, tal vez con la intención de enviar un nuevo guiño a los pequeños y medianos productores, que alquilan campos para producir el poroto de la discordia. Los integrantes de la Mesa de Enlace advirtieron la jugada y se encerraron a solas para consolidar el bloque y no permitir fisuras.

El proyecto será tratado después que los agraristas fracasaran una vez más en el Parlamento en su intento de rebajar las retenciones a las exportaciones de soja, mediante el rechazo a la prórroga de facultades delegadas que fue aprobado sin sobresaltos para el kirchnerismo, primero en la cámara baja por 136 a 100, y la semana pasada en el Senado, por 38 a 30.

El Gobierno también puso árnica sobre los chacareros con la sanción de la Ley de Emergencia Agropecuaria que destina unos 500 millones de pesos a las zonas afectadas por la sequía y los incendios.

Pero que podría tener un costo fiscal adicional de unos 200 millones de dólares, si la Presidenta no veta el artículo que elimina por 180 días las retenciones a las exportaciones de productos provenientes de 22 partidos bonaerenses y rebaja a la mitad las de otros 15 distritos.

Para algunos legisladores, el inesperado artículo de la Ley de Emergencia Agropecuaria fue “una picardía” de Francisco de Narváez que se les pasó a los kirchneristas y para otros, se trató en realidad de una maniobra del oficialismo para consolidar el voto de los legisladores bonaerenses al proyecto de Ley de Facultades Delegadas.

En realidad, la cuestión quedará en claro cuando en los próximos se promulgue el texto tal cual fue sancionado por el Parlamento o con un veto parcial de la Presidenta de la Nación, que corrija el error cometido por sus legisladores.

¿Sólo una escribanía?

La prórroga por un año de cesión de potestades del Legislativo al Ejecutivo convalidada por el Congreso ahora, incluye a unas 1.900 leyes (de las cuales se calcula que sólo un centenar son operativas), pero entre las que se cuenta ni más ni menos que el Código Aduanero, que le permite al presidente de la Nación fijar los derechos de exportación.

Cualquier estudiante de instrucción cívica de escuela secundaria, sabe que el Poder Legislativo debe legislar y el Ejecutivo hacer que se cumplan, por lo cual la delegación de facultades legislativas en el presidente de la Nación no parece un expediente de mucha prolijidad republicana.

De hecho, la cesión de sus potestades ha ido vaciando al Parlamento de poder, al punto de que la mayoría de los argentinos cree hoy que en realidad se trata de una escribanía de la Casa Rosada. La percepción de la mayoría parece confirmarse en cada votación, en la que el oficialismo, por efecto del voto popular, tiene ventajas. Pero un día aparece Julio Cobos y muchos descubren que no es todo una simulación.

Los que lo entendieron y por eso aprietan, son los chacareros. En realidad, la cuestión no es nueva, porque Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner, gobernaron con facultades delegadas sin preocuparse por clasificar esas 1.900 leyes para saber a ciencia cierta de que se tratan y cuáles son las que realmente debieran ser derogadas, ratificadas o modificadas para devolverle las potestades al Congreso.

Pero al menos esta vez el plazo establecido es de sólo un año, durante el cual trabajará una comisión de parlamentarios para hacer los deberes que no se hicieron desde el ’99 a la fecha. Y además, las delegaciones de facultades están limitadas al presidente de la Nación y al jefe de Gabinete, en lugar de alcanzar a cualquier funcionario de tercer nivel como venía ocurriendo hasta ahora.

La oposición intentó llevar adelante un debate de corte institucional para poner al Gobierno contra la pared, pero hasta el observador menos avisado sabía que en realidad lo que discutía una vez más el Parlamento eran los derechos de exportación de los porotos de la discordia.

En realidad, parece absurdo que el Congreso se dedique a subir los derechos de importación de los calzoncillos provenientes de China para proteger la industria nacional o a fijar retenciones a la exportación de zapallitos porque están escaseando en el mercado interno. Se trata más bien de herramientas de política económica propias de las decisiones del Ejecutivo.