Abrirán la fosa donde yace García Lorca

Por Nicolás Herrera

Los descendientes de Federico García Lorca no se opondrán, luego de varios años de controversia, a la decisión de las autoridades de Andalucía de abrir la fosa común donde yacen los restos del poeta.

Aunque sus descendientes siempre se mostraron "reacios" a que se remuevan los restos del poeta granadino, esta vez "no presentarán alegaciones" contra la apertura de la fosa común, aseguró Laura García Lorca, sobrina nieta y portavoz de la familia del escritor, en declaraciones a la prensa.

El Departamento de Justicia de Andalucía publicó ayer en el Boletín Oficial la orden de exhumación de la fosa donde se cree que yacen el poeta, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Argollas, fusilados por el bando franquista durante la Guerra Civil (1936-1939).

Con la publicación de la resolución se abrió un plazo de alegaciones de 15 días hábiles para "ponderar la existencia de oposición por cualquiera de los descendientes directos de las personas cuyo restos pueden verse afectados por dicha intervención".

De no presentarse ningún alegato, como confirmó la familia del poeta, las labores de exhumación podrían comenzar en septiembre, afirmó la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Maribel Brenes, citada por el diario El País.

La exhumación de la fosa común, ubicada en un barranco entre Víznar y Alfacar (Granada), pretende identificar los restos del maestro Galindo y el banderillero Baladí, tal como lo han solicitado sus familiares a través de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica.

Debido a la oposición de la familia del poeta y a las reticencias en torno a la aplicación de la ley de la Memoria Histórica en el terreno judicial, la apertura de la fosa común donde yace García Lorca se convirtió en los últimos años en objeto de controversias.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón autorizó hace un año la exhumación de la fosa común, en el marco de una investigación abierta para esclarecer la desaparición de más de 114 republicanos durante la guerra civil y la dictadura franquista (1939-75), que consideró víctimas de "crímenes contra la humanidad".

Garzón se inhibió luego a favor de los tribunales territoriales, por lo que el caso pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Granada, cuyo titular devolvió la causa al considerar que debía ser él quien tenía que investigar estos crímenes. La Consejería de Justicia del Gobierno andaluz resolvió finalmente que la apertura de la fosa se haría por la vía administrativa sin esperar a la decisión de la justicia, por lo que ahora dará cumplimiento a su resolución.