18 may. 2010

Google pide disculpas por robar datos de redes WiFi

Por David Rubia
Todo comenzó en Alemania, cuando el gobierno de este país mostró su preocupación con las imágenes que estaba obteniendo Google para Google Street View. El gobierno alemán considera que este servicio viola el derecho a la intimidad y la propia imagen de los ciudadanos y por ello la ministra alemana de protección al consumidor, IIlse Aigner, advirtió que están estudiando medidas legales y posibles cambios en la legislación.

Aunque los ciudadanos de Alemania no se han quejado, al menos formalmente, la postura del gobierno es bastante clara y no pasa por permitir que haya una falta de privacidad y incluso señalan que ningún servicio secreto habría ido a la caza de imágenes de forma tan decidida.
Los ciudadanos no tendrían que protestar ante la publicación de sus datos privados, sino que Google tendría que estar obligado a obtener el permiso de éstos para poder publicar las fotografías de sus casas. La cobertura fotográfica completa no es más que una intromisión a escala gigantesca en la esfera privada.
Estos son los comentarios de la ministra de protección al consumidor y es que Google se ha olvidado su don’t be evil en esta ocasión. La empresa de Montain View ha admitido haber obtenido datos sensibles de las redes inalámbricas de los usuarios, por ello se han disculpado publicamente.
Los coches de Google Street View, que han recorrido las calles de muchas ciudades, iban recolectando información de forma indiscriminada de las redes WiFi abiertas, entre los datos que han ido guardando se encuentran las SSID de las redes abiertas, así como las direcciones MAC de los dispositivos inalámbricos.
Desde Google afirman que estos datos se han ido guardando de forma accidental por un gran error en el sistema, que ya han corregido. Aseguran además que se van a poner en contacto con todos los reguladores de los países afectados para llegar a un acuerdo sobre como deshacerse de todos los datos que han obtenido.

Sin duda se trata de una gran metedura de pata de Google, que veremos si queda impune. Se han dado cuenta de ello y por eso están rectificando tan rápido como pueden. Sinceramente, me queda la duda de si realmente se ha tratado de un error o realmente era lago que tenían planteado, es decir: mientras sus coches van recorriendo las calles tomando imágenes para Google Street View, también van haciendo un mapa de redes inalámbricas abiertas, que podrían haber usado para un futuro servicio, similar al mapa que tienen de Montain View con las redes inalámbricas. De ser cierto, quizá hubiera sido un servicio bastante útil, pero habría sido mejor anunciarlo, avisar que sus coches harían dicha colecta de datos y prevenir problemas.

5 may. 2010

Bolivia anuncia que nacionalizó planta de antimonio

Por Javier Patsote
Bolivia nacionalizó este domingo una pequeña planta de fundición de antimonio del operador suizo Glencore International AG alegando que no realiza suficientes inversiones, informó el gobierno, un día después de la estatización de gran parte de la generación eléctrica del país.
El anuncio fue hecho por el ministro de la presidencia, Oscar Coca, luego de que el gobierno del presidente izquierdista Evo Morales nacionalizara cuatro empresas en el sector de la generación eléctrica, dos de ellas filiales de grupos europeos.
"A partir de ahora se revierte al dominio del Estado la planta de Vinto-Antinomio", dijo Coca.
"En los últimos años se ha evidenciado la inactividad productiva de esta planta. Prácticamente ha estado en proceso de desmantelamiento. No se ha establecido que hayan inversiones provocando condiciones adversas a la política de este gobierno", agregó.
La planta Vinto-Antimonio pertenece desde 2001 a la empresa local Colquiri, de propiedad de Sinchi Wayra subsidiaria de la siuza Glencore.Sinchi Wayra explota además en Bolivia cinco minas polimetálicas en los departamentos altiplánicos de Oruro y Potosí.
Desde su asunción al poder, en enero del 2006, Morales ha revertido para el Estado empresas del sector hidrocarburos, minería y telecomunicaciones.En el 2007 nacionalizó de manos de Glencore la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV), que procesa minerales de Huanuni, el más grande del país andino.
La minería es la segunda fuente de ingresos extranjeros de Bolivia y en el 2009 sumó mil 497 millones de dólares en exportaciones.
El sábado, Morales nacionalizó por decreto Guaracachi -la generadora de electricidad más grande del país en la que la británica Rurelec posee la mitad del paquete accionario- y Corani, controlada en un 50 por ciento por la francesa GDF Suez.Las firmas locales estatizadas este fin de semana fueron Valle Hermoso, del holding empresarial boliviano Panamerican Investments y la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), propiedad de un grupo de trabajadores y ejecutivos bolivianos.

4 may. 2010

La mancha de petroleo en EE.UU es del tamaño de Puerto Rico

Por Agencias

El director del Centro de Análisis de Imágenes Satelitales, Hans Graber, dijo que el tamaño del derrame es tres veces más grande de lo que se había estimado previamente, y apunta que su dimensión es tan grande como la Isla de Puerto Rico. La noche de este sábado o a primeras horas del domingo recibirá nuevas imágenes que le permitirán actualizar los cálculos.

El Centro de Análisis de Imágenes Satelitales (Cstars) de la Universidad de Miami estimó que la mancha de petróleo provocada por la fuga de la plataforma que estalló en el Golfo de México, triplicó su tamaño en los últimos días y alcanza más de 9 mil Km. cuadrados, una dimensión tan grande como el tamaño de Puerto Rico.

El director del Cstars, Hans Graber, dijo que "de acuerdo con las últimas imágenes satelitales que recibimos, el tamaño del derrame es tres veces más grande de lo que se había estimado previamente".

El vertido de petróleo que comenzó el pasado 20 de abril, tras la explosión de la plataforma de extracción "Deepwater Horizon", ubicada a unos 70 kilómetros de la costa de Luisiana y perteneciente a la empresa British Petroleum ya había triplicado lo que se había informado hace tres días, apuntó Graber.

El miércoles expertos calculaban que la macha abarcaba un área de al menos 2 mil 600 kilómetros cuadrados.

Aunque el investigador aclaró que las más recientes imágenes tomadas por el Cstars "no permiten observar la totalidad de la superficie que ocupa el derrame sino algunas partes", apuntó que "en estos momentos están a la espera de nuevas tomas para actualizar los cálculos de la dimensión total del derrame"

Especificó que estas imágenes las obtendrán en la noche de este sábado o primeras horas del domingo.

"Como la mancha crece todo el tiempo, lo más esperable es que ya sea más grande de lo que estimamos", precisó el investigador.

El derrame de petróleo en el Golfo de México ya alcanzó las costas de Luisiana (sur) el viernes y puso en estado de emergencia a Alabama, Misisipi y Florida, a donde se espera que llegue en los próximos días.

El gobierno estadounidense calcula que la fuga de petróleo vierte al mar más 5 mil barriles diarios, el equivalente a 800 mil litros, más de lo estimado originalmente.
No obstante, el comandante de la Guardia Costera, el almirante Thad Allen, que también fue designado para vigilar las iniciativas nacionales para contener el desastre petrolero, dijo que es imposible estimar de forma exacta cuánto petróleo se derrama

También advierte que si el derrame continúa creciendo sin ser vigilado las corrientes marinas podrían llevarse la mancha más allá de los callos de Florida y sobre la costa este de Estados Unidos.

Entretanto, el derrame continúa su avance y ya ha llegado al delicado ecosistema pantanoso del sur del país, lo que aumenta los temores sobre sus efectos para el medio ambiente.

3 may. 2010

Martinez de Hoz: A rendir cuentas

Por Leandro Filozof


Durante más de dos décadas gozó de un pase libre que le permitió evitar estrados, tribunales y procesamientos; que le permitió, en fin, eludir a la Justicia. Una de las ironías de los años noventa produjo que un hombre acusado de delitos de lesa humanidad tuviese ese trato privilegiado.
Pero el perdón presidencial otorgado en 1989 a José Alfredo Martínez de Hoz por el entonces presidente Carlos Saúl Menem fue anulado por la Corte Suprema de Justicia y el ideólogo del modelo económico de la dictadura militar se deberá sentar en el banquillo de los acusados.La causa que valió el fallo del alto tribunal investiga el secuestro extorsivo del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel, quienes fueron detenidos ilegalmente para forzarlos a renegociar un contrato de exportación con comerciantes ingleses y chinos luego de que los Gutheim tomaran decisiones que redundaron en la negación de una línea de créditos que beneficiaba a Martínez de Hoz.
Además del ex ministro de Economía, se encuentran acusados Jorge Rafael Videla y Albano Harguindeguy, ya detenidos por otros delitos. En 2006 el juez Norberto Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de los indultos y la Sala II de la Cámara Federal confirmó la decisión en abril de 2008.
El recurso extraordinario que interpusieron los abogados defensores de Martínez de Hoz fue rechazado por mayoría en el máximo tribunal de la Nación.A partir del fallo se podría avanzar en otras causas en las que también está implicado Martínez de Hoz.
Se lo vincula con el asesinato de Juan Carlos Casariego de Bel, director del Registro de Investigaciones, ocurrido después de que se negara a firmar el dictamen de nacionalización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad, expediente que también investiga Oyarbide. Y está acusado, además, de ser el jefe civil del golpe de 1976 en la causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo. La posibilidad de procesar a Martínez de Hoz se suma al juicio contra Juan Alemann, ex secretario de Hacienda de la dictadura.
El subsecretario de Derechos Humanos, Luis Alem, consideró que “tales procesos abren las puertas al debate judicial sobre la actuación de los civiles durante el gobierno militar”, hechos sobre los que los tribunales todavía no se expidieron. Acostumbrado a la impunidad que lo protegió durante todos estos años, Martínez de Hoz no dudó en publicar una solicitada denunciando persecución hacia su persona. Bajo el título “Otra vez con Martínez de Hoz. Una persecución interminable”, ocupa media página en los diarios Clarín y La Nación, libre de respuestas o aclaraciones.
El último párrafo de la solicitada dice: “...en la Argentina de hoy, con sus instituciones degradadas, el Estado de Derecho reducido a una mera apariencia y un gobierno que continúa promoviendo abiertamente el enfrentamiento entre los argentinos, no parece que existan frenos institucionales que contengan la ensañada y larguísima persecución en mi contra, que no tiene precedentes en el país”.
Olvida Martínez de Hoz su función durante el gobierno de facto, donde para aplicar su modelo económico que dilapidó los recursos de un país, se aplicó el terrorismo de Estado con persecución, secuestros, robos de bebés y asesinatos. Olvida también el ex ministro que está acusado en más de un delito de lesa humanidad. Delitos que no prescriben y que según la Corte Suprema “...por su gravedad son contrarios no sólo a la Constitución Nacional, sino también a toda la comunidad internacional”. Sin el pase libre que le otorgó el menemismo, ahora Martínez de Hoz deberá rendir cuentas como cualquier mortal

22 abr. 2010

No hay quien defienda a las victimas de los paramilitares en Colombia

Por: Gloria Castrillón- Reporteros de Colombia
El cansancio y la desesperación se apoderan de las víctimas de los grupos paramilitares. Además de padecer por la muerte, desaparición, tortura o desplazamiento de sus familiares a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, ahora sufren porque no tienen quién los represente ante los estrados judiciales ni quién defienda sus intereses frente a los victimarios.

El calvario para las víctimas comenzó desde la elaboración de la Ley 975 de 2005, que no fue clara a la hora de asignar la competencia para la representación judicial de las víctimas en manos de la Defensoría del Pueblo, como sí lo fue para asignar la tarea de la defensa de los procesados, es decir, de los paramilitares.
Esta falta de claridad hizo que durante varios meses las víctimas estuvieran en una especie de limbo, hasta que el procurador general del momento, Edgardo Maya Villazón, emitió una directiva ordenándole a la Defensoría del Pueblo asumir esa función. Finalmente, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, expidió una resolución creando el programa de representación judicial para víctimas adscrito a la Dirección Nacional de Defensoría, en diciembre de 2006.
Sin embargo, el 10 de enero de 2007, el Procurador volvió a atizar la polémica: “En desarrollo de las diligencias de versión libre que se adelantan en Medellín y Cali, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado ante la Fiscalía sin contar con representación judicial”, dijo Maya Villazón en una carta pública. El defensor Vólmar Pérez reconoce que la entidad tuvo muchos tropiezos para asumir estas funciones, ya que el Estado no le asignó presupuesto ni ordenó crear una estructura administrativa como sí ocurrió con la Fiscalía y la Procuraduría, que crearon sus propias unidades de Justicia y Paz.
La preocupación fue ratificada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en su boletín institucional de agosto del año pasado: “Sólo un aproximado de 11.000 víctimas cuentan con ese servicio por parte de la Defensoría de las casi 138.000 inscritas ante la Fiscalía de Justicia y Paz”. Según Álvaro Córdoba, quien dirigió un estudio sobre el tema a solicitud de la CNRR, afirma: “Las cifras que tenemos es que cada defensor tiene a su cargo entre 500 y 600 poderes, lo cual hace totalmente ineficaz su trabajo”.
Las historias
En Barranquilla, por ejemplo, la mayoría de las víctimas consultadas ignora cuál es el papel del defensor público y se quejan de la demora en la asignación de éste y de la falta de contacto personal con él, a quien sólo llegan a conocer cuando coinciden en una diligencia judicial. “No contestan el teléfono porque dicen que cada uno de ellos lleva hasta más de 300 casos y les queda imposible conocernos personalmente”, comentó una víctima consultada.
En Nariño, las víctimas reconocieron el trabajo de la Defensoría en la entrega de información, pero la mayoría aún no tiene defensor asignado. La entidad aduce que únicamente tienen cuatro defensores públicos que atienden, en promedio, 200 casos no sólo de Justicia y Paz. Uno de los casos más preocupantes es el de Medellín por el alto número de víctimas que registra la regional.
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría, a octubre de 2008, esta entidad tenía más de 13.000 poderes y apenas 25 defensores. Desde allí nuestro corresponsal reporta el caso de Ofelia, una mujer de 45 años. Su esposo fue asesinado en 1995 por negarse a pagarle vacunas a las Auc y siete años después también lo fue su único hijo, Ébert, de 17 años.
Ofelia decidió acudir a Justicia y Paz en 2006. “Del caso de mi esposo llegó respuesta por parte de la Fiscalía para que fuera a la Defensoría y me asignaran abogado. Sobre el caso de mi hijo no respondieron. Pasaron dos años y no me volvieron a llamar, nunca tuve contacto con mi defensor. Hace tres años me dieron su número celular, pero es difícil contactarlo”, sostiene.
En febrero de 2009 regresó a la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz y le dijeron que de nuevo se presentara a la Defensoría para que le asignaran defensor público para el caso de su hijo. Según Ofelia, este proceso es complicado y requiere de paciencia. En Putumayo, donde se concentra un número importante de víctimas de Justicia y Paz, las personas consultadas se quejaron de que llevan hasta dos años tramitando sus peticiones sin tener aún defensor asignado.
Además de la falta de información, cuentan que sólo se han realizado dos jornadas de asistencia, en Puerto Asís y La Hormiga.
Las explicaciones
Alfonso Chamie, director nacional de Defensoría Pública, asegura que su despacho tuvo que asumir sin recursos y sin funcionarios la representación de las víctimas: “Inicialmente creamos grupos en las ciudades donde funcionaban los Tribunales de Justicia y Paz y se hicieron con los mismos funcionarios que teníamos, a quienes les asignamos esta tarea. Luego empezamos a contratar personal y ya tenemos 98 defensores en las regionales de Atlántico, Antioquia y Bogotá, además de 17 abogados para asesorías en Cesar, Chocó, Bolívar, Caldas, Valle, Magdalena Medio, Caquetá, Magdalena, Sucre y Santander” (cifras a diciembre de 2008).
Según el funcionario, la entidad acaba de conseguir una adición presupuestal de $4.000 millones para ampliar la estructura de la Defensoría Pública y contratar a 32 abogados más para completar 130 representantes judiciales para las víctimas, que serán ubicados preferencialmente en aquellas ciudades donde se transmitan las versiones de manera satelital.
En este punto, Adolfo Salamanca, ex vicefiscal general, remarca que todas las entidades del Estado debían volcarse hacia las víctimas, buscarlas y protegerlas porque en su mayoría son personas que viven alejadas de centros urbanos, analfabetas, pobres y que además viven en condición de desplazamiento. “Ellos no ven periódicos ni internet. La gran tragedia es que se les quitó todo, allá no llega el Estado y nadie se interesa por ellos”.
La respuesta del Defensor del Pueblo
La respuesta del defensor Vólmar Pérez frente a las críticas fue lapidaria: “La tarea nuestra no
es ir por las veredas recogiendo poderes. Tenemos que esperar que el equipo de Justicia y Paz solicite la representación judicial para entrar a cumplir nuestras funciones”. Pérez explica que la obligación de la Defensoría en esta etapa del proceso es de orientación y asesoría, porque la representación judicial se hace en el incidente de reparación que no ha empezado. Pero María Consuelo Ramírez, abogada consultora de la ONU, lo contradice: “Las víctimas deben entrar en el proceso desde el principio, deben asistir a las versiones libres, interrogar a los postulados, llevar pruebas, participar hasta que se dicte la sentencia, no sólo en el incidente de reparación. Si la víctima no tiene una buena defensa, estará en desventaja frente al victimario, quien sí tuvo una defensa eficaz todo el tiempo”.
Las quejas de las víctimas
“Yo ya me aburrí de seguir preguntando. Empecé a venir a la Defensoría de Popayán en junio de 2008. Primero me dijeron que mi caso lo llevaba un abogado de Medellín de nombre Giovani Bolaños, pero luego él renunció y lo remitieron a un abogado de Cali, que no sé quién es. Igual con ninguno he hablado nunca”: Ferney, víctima del bloque Calima. Entre tanto Lucila, víctima de los ‘paras’ en Barrancabermeja, asegura: “Me habían asignado una abogada, pero yo duré como un mes llámela y llámela y el celular siempre estaba apagado, pero como cambiaron los procesos de Medellín para Bucaramanga, entonces me dicen que ahora sí nos van a asignar un abogado en Bucaramanga”.

* Reporteros de Colombia es un proyecto de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el Programa por la Paz (Cinep). Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia

21 abr. 2010

Estos son los convenios firmados con Venezuela

Por Alexis Juncos

En el marco de la visita de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a Venezuela, ambas naciones lograron suscribir un total de 25 acuerdos en distintas áreas estratégicas, tales como energía, ciencia y tecnología, alimentación, entre otras.
Debido a la apretada agenda de los presidentes, se firmaron públicamente 14 acuerdos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. los cuales se detallan a continuación:
1. Declaración de los presidentes, con la cual se busca establecer los acuerdos alcanzados por ambos presidentes durante la visita oficial de la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández.
2. Acta final de la Comisión Binacional de Alto Nivel, para establecer los logros alcanzados durante la II Comisión Binacional de Alto Nivel Venezuela-Argentina celebrada en Caracas los días 12 y 13 de abril de 2010.
3. Adendum Nº 14 al Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, para modificar el anexo II del Convenio Integral de Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, a los fines de que la Armada Nacional Bolivariana de Venezuela adecue los muelles existentes y la construcción de nuevos, dotados de servicios y facilidades modernas, aptos para atender las necesidades no solo de los buques militares actuales, sino de las nuevas unidades patrulleras y de buques civiles. 4. Acta de Compromiso y seguimiento con respecto a las instalaciones y facilidades de regasificación de gas natural licuado (GNL) en la República Argentina, con el cual se busca reflejar el grado de avance en la ejecución del proyecto de la planta regasificadora, en particular por la emisión de la Resolución número 379/2010 del Ministerio de Defensa de la República Argentina, por la cual se ha otorgado a la empresa de capital estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) la concesión de uso onerosa en el municipio Coronel de Marina Leonardo Rosales, de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
5. Acta Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y la Empresa TAK, para la fabricación de materiales de construcción en el estado Portuguesa, con la cual se establece la realización de un estudio conjunto sobre la factibilidad jurídica, técnica, económica y financiera para instalar una planta para la producción de tejas de concreto en el estado Portuguesa de la República Bolivariana de Venezuela bajo la modalidad llave en mano, que permita (bajo las políticas establecidas por el órgano nacional competente) la producción y comercialización de tejas de concreto para viviendas y otros, para atender los requerimientos de las diversas entidades públicas y privadas en la República Bolivariana de Venezuela.
6. Acta Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias y la Empresa Pintini, para la construcción de bombas de agua en el estado Portuguesa. Mediante este instrumento se realizará un estudio conjunto sobre la factibilidad jurídica, técnica, económica y financiera para instalar una planta para la producción y ensamblaje de motobombas para la propulsión de agua y otros en el estado Portuguesa de la República Bolivariana de Venezuela bajo la modalidad llave en mano, que permita (bajo las políticas establecidas por el órgano nacional competente) la producción y comercialización de dicho producto, para atender los requerimientos de las diversas entidades públicas y privadas en la República Bolivariana de Venezuela.
7. Acta Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras y el Grupo Silos para Venezuela, Unión Transitoria de Empresas, para la construcción de Plantas Procesadoras de Alimento Balanceado en el estado Portuguesa, con la cual se busca la realización de un estudio conjunto sobre la factibilidad jurídica, técnica, económica y financiera para instalar una planta para la producción de alimento balanceado para animales (ganado vacuno, peces y otros) y la transferencia tecnológica y adiestramiento en su mejor utilización y explotación con capacitación tanto en territorio venezolano como en territorio argentino para actores inmediatos involucrados, en el estado Portuguesa de la República Bolivariana de Venezuela bajo la modalidad llave en mano, que permita (bajo las políticas establecidas por el órgano nacional competente) la producción y comercialización de alimento balanceado para animales, ganado vacuno y peces, para atender los requerimientos de las diversas entidades públicas y privadas en la República Bolivariana de Venezuela.
8. Acta Compromiso entre el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras y la Empresa Almefin S.A. de la República Argentina, para realizar conjuntamente los estudios necesarios para determinar la factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y social de proyectos para el aprovechamiento de las riquezas agrícolas y pesqueras del estado Sucre, incluyendo la asistencia técnica, programas de capacitación y entrenamiento.
9. Memorando de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y el Minplan para ejecutar todos los estudios, consultas técnicas, intercambios y evaluaciones requeridas para concretar la elaboración y ejecución de proyectos de construcción de infraestructura eléctrica y suministro de materiales, equipos y servicios correspondientes a las siguientes áreas: Gran generación y transmisión asociada; Generación distribuida y pequeña generación de apoyo a la agroindustria; Suministro e Instalación de transformadores de potencia, materiales y equipos en el área de distribución; y generación eólica.
10. Convenio de Asociación entre Pdvsa Industrial S.A. y T.A. Gas Technology, S.A. mediante el cual se busca constituir en la República Bolivariana de Venezuela una empresa mixta, que tendrá por objeto la instalación de sistemas para uso de Gas Natural (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular; comercialización, fabricación, ensamblaje y servicio técnico de sistemas de compresión de pequeña escala; comercialización, fabricación, ensamblaje y servicio técnico para equipos completos y partes para sistemas de utilización de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular, así como la realización de cualesquiera otras actividades acordadas por las partes.
11. Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la empresa mixta entre Pdvsa Industrial y GNC Galileo para constituir en la República Bolivariana de Venezuela una empresa mixta para la fabricación de compresores, surtidores (estaciones de servicio) de Gas Natural Vehicular.
12. Programa de Trabajo entre Corpoelec e Impsa, construcción de Parque eólico en la Guajira (estado Zulia), mediante el cual se busca diseñar y ejecutar en forma conjunta la ingeniería, procura y construcción de un Parque de Generación Eólica en la zona de la Guajira (estado Zulia) con capacidad (potencia instalada) de 25,2 MW., incluyendo la conexión a la red eléctrica en 24 kv.
13. Programa de Trabajo entre Corpoelec y el Grupo de empresas argentinas (GEA), Electroingeniería e Lecsa, para el fortalecimiento de la generación eléctrica y su sistema de transmisión asociada en Venezuela, con el objeto de diseñar y ejecutar en forma conjunta un cronograma de trabajo para la definición de proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica, orientadas a la ingeniería, procura y construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de plantas de generación eléctrica y sus sistemas de transmisión en Venezuela, tomando como base las directrices emanadas de la parte venezolana.
14. Acta Declarativa de recepción de oferta para la construcción de gabarras y buques para el transporte fluvial entre Tandanor Saciyn, y Fluvialba S.A. con el objeto de formalizar la conformación de una empresa de capital mixto a partir de la transformación de la actual Unión Transitoria de empresas. Dicha empresa mixta tendrá como denominación legal Fluvialba. Los otros 11 acuerdos firmados son los siguientes: 15. Carta de Intención entre la Corporación Eléctrica Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. Y F., de la República Argentina, en materia de suministro de servicios, equipos y materiales eléctricos para apoyar los planes de desarrollo económico y social de ambos países, al evaluar la posibilidad del suministro de bienes y servicios relacionados directa o indirectamente con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y al estimar la posibilidad de crear una empresa mixta de producción local, a fin de atender en general la demanda del sector eléctrico nacional, todo ello de conformidad a lo establecido en sus ordenamientos jurídicos internos. 16. Contrato de Suministro entre la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sobre la oferta académica de cursos de capacitación para el periodo 2010-2011 con el objeto del desarrollo de un sistema de mutua colaboración en las áreas de investigación y transferencia de tecnología agrícola entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, con el fin de generar, aplicar y difundir tecnologías que permitan mejorar el proceso productivo en los principales sistemas agrícolas y pecuarios de ambos países. 17. Contrato de Suministro entre el Corpozulia y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sobre asistencia técnica y cooperación en el sector vitivinícola en el estado Zulia para fortalecer la cooperación científica, técnica y académica mediante el desarrollo de actividades de capacitación, asistencia técnica integral en vitivinicultura: seguimiento agronómico para el manejo del cultivo (manejo fitosanitario, fertilización, conducción, poda, variedades), cosecha y postcosecha de la vid, manejo del Centro Vitícola, a ser coordinadas en Venezuela por Corpozulia con el acompañamiento del INTA. 18. Carta de Intención entre la Corporación Venezolana Agraria (CVA) de la República Bolivariana de Venezuela y la Empresa Cadexa S.A. de la República Argentina para la Provisión de una Línea de Producción de Galletas de Arroz con el objeto de dejar sentado el interés de ambas partes, de realizar estudios de factibilidad que permitan evaluar la posibilidad de proveer el equipamiento necesario para la instalación de una Línea de Producción para Galletas de Arroz Inflado, con una capacidad de procesamiento de 700 Kg/día, en el estado Portuguesa, en la UPS Píritu II. 19. Memorándum de Entendimiento entre Pdvsa Industrial S.A. y EMA Electromecánica S.A. para evaluar la posible constitución, en la República Bolivariana de Venezuela, de una empresa mixta para la fabricación de celdas de media tensión y sus interruptores. 20. Convenio de Asociación entre Pdvsa Industrial S.A. e Industria Metalúrgica Pescarmona S.A. (Impsa) para constituir en la República Bolivariana de Venezuela una empresa mixta, que tendrá por objeto la fabricación, ensamblaje y comercialización de aerogeneradores de alta potencia, así como la planificación y desarrollo de otras actividades y productos conexos al sector de energías renovables y de otros sectores industriales que las partes acuerden. 21. Acta de Compromiso entre la Comisión de Transición de Cadenas de Tiendas Venezolanas, C.A. (Cativen) y Laboratorios ESME S.A.I.C. para el Intercambio de Productos de Higiene Personal, Cuidado del Hogar y Alimentos Comestibles para crear una alianza estratégica socialista para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal, cuidado del hogar y alimentos comestibles, en el marco del Convenio Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, los cuales serán incorporados en el sistema de distribución y consumo socialista para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. 22. Acta Compromiso entre Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca) y Laboratorios ESME S.A.I.C., para el intercambio de productos de higiene de uso masivo para el cuidado personal y del hogar para crear una alianza estratégica socialista para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal, cuidado del hogar, para la Corporación de Mercados Socialistas “Comerso” en el marco del Convenio Binacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Argentina, los cuales serán incorporados en el sistema de distribución y consumo socialista para la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. 23. Programa de Trabajo entre Corpoelec y las empresas argentinas Servas Energy S.A. y Secco S.A. para desarrollar un sistema de electrificación para su aplicación inmediata en proyectos de la agroindustria con futura extensión a otras industrias de aplicación en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela; y estudiar, evaluar, proyectar y cotizar los proyectos de Generación Distribuida en los cuales la empresa Corpoelec tuviera alguna necesidad de provisión de energía eléctrica. 24. Programa de Trabajo entre Corpoelec y el Grupo de Suministros de Empresas Argentinas de Materiales y Equipamientos Eléctricos para realizar la evaluación de suministrar materiales eléctricos en toda su gama, según las necesidades del sistema eléctrico venezolano 25. Acta Declarativa de Compromiso para la constitución de una empresa mixta entre Pdvsa Argentina S.A. y Fluviomar para formalizar la conformación de una empresa mixta a partir de la transformación de la actual Unión Transitoria de Pdvsa Argentina S.A. y Fluviomar. La empresa mixta tendrá como denominación legal Fluvialba.

18 abr. 2010

Arde memoria

Por Sonia Tessa
Pagina 12

Tenía 51 años, era viuda, tenía dos hijos. Su voz, su memoria, su coraje fueron fundamentales en el largo camino que todavía recorre la Justicia para alcanzar a los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura militar en Argentina. En su cuerpo llevaba las marcas de la tortura, la violación y un aborto producto de esa otra forma de tortura sistemática. Nueve puñaladas terminaron con su vida hace apenas diez días, en un hecho que mientras no esté esclarecido completamente guarda la sospecha de estar destinado no sólo a callarla, sino también a amedrentar al resto de los hombres y las mujeres que siguen dando testimonio en cientos de causas todavía abiertas. Como si quisiera ponerse a girar otra vez la correa de transmisión del terror con que los genocidas quisieron asegurar su propia impunidad. Pero el miedo, dicen quienes sobrevivieron y lo prueban sus testimonios, no alcanza a paralizar la búsqueda de justicia, la necesidad de seguir haciendo hablar a la memoria. Aunque duela, aunque arda.

Durante más de 30 años, Silvia Suppo y su compañero Jorge “Corcho” Destefani lucharon por memoria y justicia en Rafaela, la conservadora ciudad de 100 mil habitantes llamada la Perla del Oeste Santafesino, donde florece la economía y permanece el espíritu de la inmigración piamontesa. Eran compañeros de militancia cuando fueron secuestrados, el 24 de mayo de 1977, y derivados juntos a centros clandestinos de detención de la capital provincial. Decidieron volver a su ciudad, contra viento y marea, cuando fueron liberados, ella después de un año y medio, él tras cinco años de cautiverio. Armaron una pareja, tuvieron dos hijos, llevaron adelante la talabartería Siempre Cuero, en el centro de la ciudad, construyeron una casa luminosa y nunca jamás dejaron de lado la militancia.
Todos los 24 de marzo organizaron actos conmemorativos, invitaron a Estela de Carlotto, impulsaron los juicios contra represores. En octubre del año pasado, Silvia dio un testimonio clave en la causa Brusa, y recordó a su compañero, que había fallecido pocos meses antes por una enfermedad. El lunes 29 de marzo, a media mañana, Silvia atendía su negocio. Ilusionada porque en pocos días viajaba a París a visitar a su hermano. Entre las 9 y las 10, le asestaron 9 puñaladas. La dejaron detrás del mostrador, y fue encontrada un rato después, por una clienta ocasional. Murió cerca del mediodía, en el Hospital Jaime Ferré. “Sostenemos la hipótesis del asesinato político hasta que se nos demuestre lo contrario con una investigación convincente”, afirma Marina, su hija, después de la marcha que convocó a la enormidad de 1200 personas –en Rafaela–, para pedir el “total esclarecimiento”. Aunque el fiscal Rodolfo Zehnder y el juez Alejandro Mognaschi trabajen sobre la hipótesis principal de homicidio en ocasión de robo, el ensañamiento del crimen deja más dudas que certezas.

Y pone en carne viva heridas muy actuales para los testigos-sobrevivientes. “Esto provoca un profundo dolor, un dolor que siento por primera vez de esta manera. Por la historia compartida. Y no sé cómo vamos a sanarlo. Porque nosotras le encontramos la vuelta al juicio, a lograr sentencia, pero esto es un dolor al que no le encuentro palabras”, expresa entre lágrimas Stella Vallejos, compañera de cautiverio de Silvia en la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe. Las unía esa relación profunda que quedó como marca de vida entre prisioneras políticas que la pasaron juntas. Se visitaban cada tanto, compartían las instancias del juicio a Brusa, festejaron juntas la sentencia. En esa causa fueron condenados, el 21 de diciembre pasado, el ex juez Víctor Brusa, Juan Calixto Perizotti, María Eva Aebi, Mario Facino, Héctor Colombini y Eduardo “Curro” Ramos a penas de entre 19 y 23 años de prisión.
Mientras no esté esclarecido, lo ocurrido con Silvia actualiza el horror de la desaparición de Jorge Julio López. “En la Argentina, dar testimonio en los juicios sigue siendo exponer la vida”, consideró la historiadora Andrea Andújar. Así lo viven las personas que están próximas a dar testimonio, aunque no las amedrenta. “Creo que todos somos conscientes de dónde estamos declarando y sobre qué estamos declarando. Pero es el acompañamiento de la sociedad lo que más nos protege y que se entienda que no se trata de casos cerrados, que falta mucho para investigar, con poderes económicos que los sustentan, como ocurre en el caso de los supuestos hijos de Ernestina Herrera de Noble”, considera Liliana Gómez, testigo de la megacausa Feced, que está por iniciarse en Rosario. Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, subraya que los testigos sobrevivientes han roto el mandato de ser correa de transmisión del terror. “Nosotros pudimos dar testimonio para luchar por justicia”, afirmó. Las palabras de los sobrevivientes no sólo traen al presente a los desaparecidos, cuyo lugar de aparición es la memoria, sino que también urden la trama para construir un futuro con justicia.Una testigo importante
El testimonio de Silvia fue importante, porque había podido verles la cara a los represores cuando la llevaron a reponerse de un aborto en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Silvia se refirió específicamente a la violencia sexual como otra forma de tortura. Le llevó años ponerle nombre pero, cuando lo hizo, no dudó. Recordó que se dio cuenta de su embarazo cuando ya la habían trasladado desde el CCD de la Comisaría 4ª al GIR. Perizotti –responsable de su lugar de detención– le dijo que debían “reparar el error”. Ella tenía 18 años. En una entrevista para LasI12, el año pasado, Silvia recordó su indignación ante las palabras de Perizotti. “Como si hubiera sido un error. Me quedé helada cuando me dijo eso. No fue ningún error, tres personas no te violan por error. El lo decía como si hubiera sido obra de algún estúpido, como si no lo hubieran utilizado como método”, dijo Silvia. Su testimonio –como el de las otras testigos– no sólo tuvo el valor de acusar a los represores, sino que también puso las cosas en su lugar: las violaciones fueron otra forma, específica, de tortura. No le resultó fácil decirlo.
Por eso, el acto del último 24 de marzo en Santa Fe fue distinto. Leyeron la sentencia. En otra ocasión, los y las querellantes le entregaron una copia al gobernador Hermes Binner y a la vicegobernadora Griselda Tessio. Ella –que fue fiscal en causas por los derechos humanos– fue la única funcionaria provincial que salió a hablar de la posibilidad de “sicarios”. Es decir, de un crimen por encargo.La escena del crimen
En la misma semana del asesinato, dos jóvenes fueron detenidos como sospechosos. Rodrigo Sosa, un muchacho de 19 años que se ganaba la vida lavando autos, conocido como Sosita, y su primo Rodolfo Cóceres, de 22. A Sosita, Silvia lo conocía porque de vez en cuando el chico le lavaba el auto. Los sospechosos aseguraron que habían entrado a robar y se adjudicaron el crimen, que negaron haber cometido por encargo. Las pocas cosas que habían robado, y el presunto celular de la víctima, estaban en casa de unos familiares de Cóceres. Pero una nota publicada el domingo pasado en Página/12 por Juan Carlos Tizziani detalla algunas contradicciones: los jóvenes dijeron que la habían asesinado en la parte de adelante del comercio, y luego la arrastraron hasta detrás del mostrador, pero no hay ni una gota de sangre en todo el trayecto. También los sospechosos dijeron que Silvia se había resistido el robo, y por eso la mataron. Pero la perito de parte Dolores Perassolo no vio heridas defensivas y cortantes en las manos ni los brazos. Desde el primer día, los hijos de Silvia consideraron imposible que su madre se resistiera a un robo.
Otro punto es la contaminación de la escena del crimen. La abogada de Hijos de Santa Fe, Lucila Puyol –que junto a su colega Guillermo Munne representa a los hijos de Silvia–, afirmó: “Desde el primer momento cuestionamos cómo se contaminó la escena del crimen. Cuando la policía llegó al lugar, comenzó a tomar huellas, y había mucha gente adentro del comercio. A tal punto que, cuando entraron los hijos, ellos tuvieron que echar a los curiosos. No había ni siquiera un vallado, y eso es significativo, porque esas horas son fundamentales”. La profesional también criticó que la fiscal subrogante de ese momento, Cristina Fortunato, no fuera convocada por la policía para las primeras medidas. “Ese mismo día, cuando fuimos a hablar con la fiscal, ella ni siquiera había sido notificada, le avisaron después de que la inspección había concluido”, rememoró Puyol.
Después de reunirse con el fiscal, la abogada consideró que “el ensañamiento y la alevosía nos impiden plantear un homicidio en ocasión de robo, puede ser por encargo, o por lo menos calificado por la alevosía”. Y señaló que “la policía está intentando cerrar rápidamente la causa. Pero, como dicen los hijos de Silvia, deberá haber un proceso que demuestre realmente cómo ocurrieron los hechos, porque ella, en calidad de testigo de crímenes de lesa humanidad, puede haber sido víctima de un atentado como hubo tantos otros”.
La propia Puyol sufrió, el año pasado, el robo de su estudio jurídico, del que –justamente– faltaron los discos rígidos de las computadoras. La investigación policial cerró rápidamente como un robo común. Por eso Hijos seccional Santa Fe alertó el mismo día del crimen que no se podía circunscribir la investigación. En ese sentido, Munné reclamó al Estado que, “si como dicen las autoridades policiales, judiciales y del Ejecutivo, no se descarta la hipótesis del ataque a Silvia como testigo de crímenes de lesa humanidad, esa hipótesis debe ser trabajaba con un esquema investigativo de más amplio alcance que la del delito común. Es lo mejor para la tranquilidad de los testigos, que una situación así no se minimice, porque la vulnerabilidad se hace más grande si ante una situación de semejante gravedad no se profundiza realmente la investigación”.
En esa línea, Puyol consideró imprescindible que el Estado no cristalice la impunidad, algo que ocurre “si no se investigan los hechos ocurridos, o terminan en nada, sin responsables, sin saber quiénes los sostienen, porque acá hay recursos económicos y humanos. Se necesitan recursos materiales y gente, no los hacen los represores que tienen entre 70 y 80 años”. La teoría del sicario tiene que ver “con las dudas acerca de si podría haber sido un crimen por encargo, por la calidad de testigo de Silvia. Pero en la causa todavía no hay elementos en ningún sentido. Está en las preliminares”.Otra causa
Lo cierto es que Silvia era denunciante en una causa que investiga el Juzgado Federal número 1 de Santa Fe, por la desaparición de Reinaldo Hattemer, que fue secuestrado el 25 de enero de 1977 en una iglesia de Rafaela, a la que había concurrido para presenciar el casamiento de uno de sus hermanos. Silvia reconoció a cuatro personas de su ciudad, y volvió a reconocerlos cuatro meses después, cuando la secuestraron a ella, a su hermano, Hugo Suppo, y a Destefani. De los cuatro acusados como secuestradores, dos fallecieron. Y otros dos viven en Rafaela. Uno de ellos está jubilado, y el otro trabaja en la seguridad privada de una empresa. “Hasta ahora las dos causas no están relacionadas. Una cosa es la que está en el Juzgado Federal, que continúa abierta. En esa causa, Silvia y su esposo fueron denunciantes. Por otro lado, está la causa por el asesinato de Silvia, en un Juzgado de Instrucción provincial, con Sosa y Cóceres como imputados”, afirmó Puyol.
Como muchos testigos en causas por crímenes de lesa humanidad, Silvia sufrió amenazas e intimidaciones. Hace un año y medio, cuando concurrió a declarar en la etapa de instrucción de la causa Brusa, la intimidaron, con personas que se paraban amenazantes en la puerta de su negocio.Valientes testigos
Con la causa por el asesinato de Silvia Suppo en estado preliminar, es imposible tener certezas. Sí que la víctima de un brutal asesinato fue una importante testigo contra represores en causas por crímenes de lesa humanidad. Y que en Rafaela ese tipo de asesinatos en ocasión de robo son del todo inusuales. La duda, el temor, el dolor que provoca su muerte tiene un efecto expansivo, así como el reclamo de justicia.
“El simple hecho de que nos surja la duda significa que las cosas no están claras y que sentimos que no hay una protección. Significa estar expuestos. Justamente, la protección es eso, que la sociedad tome conciencia de que estamos expuestos, que estamos juzgando genocidios, que algunos de los responsables no están procesados, que otros están prófugos, que no hay un control desde los organismos del Estado sobre qué visitas reciben y qué contactos tienen los que sí están presos. Y hay muchos con prisión domiciliaria”, planteó Liliana Gómez, quien cuestionó fuertemente la respuesta del Programa de Protección de Testigos de la provincia, a cargo de Oscar Blando. “Lo primero que salieron a decir fue que Silvia no estaba en el programa. Eso nos resulta extorsivo. Quiere decir que sólo cuidan a los testigos que están en el programa. Fue una respuesta que a mí me molestó muchísimo. No es una respuesta política para dar”, apuntó la testigo de la causa Feced. Para ella, las dudas que genera el asesinato de Silvia, así como la certezas de la desaparición de Jorge Julio López, “significan que el tema todavía está vivo”.
Testigo de la misma causa que Silvia, y con gran cercanía afectiva hacia ella, Stella Vallejos no deja de pensar en el valor del testimonio. “Queremos ser cuidadosas, porque este tipo de hechos tienen el objetivo de amedrentar, y no queremos replicarlo”, afirma Vallejos. ¿Qué significa dar testimonio? “Es una experiencia dolorosa, es exponer todo lo que nos pasó, pero es liberadora, te libera porque contribuís a la reconstrucción histórica, hacés una contribución a terminar con la impunidad, y eso no tiene precio. Lamentablemente tenemos un testigo desaparecido y una muerte que necesitamos esclarecer. Yo voy a seguir dando testimonio porque fui querellante en una causa pero voy a ser testigo en otras”, afirma.
Por su parte, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, admitió que crímenes como el de Silvia “por supuesto que generan temor, como lo generó el secuestro de Julio López, y en ese caso incluso no había ninguna duda sobre el motivo. En este puede quedarle a alguien alguna duda. Nosotros pensamos que, hasta que se demuestre lo contrario, esto tiene objetivos políticos, de amedrentar, de amenazar brutalmente a los testigos”. La sobreviviente afirmó que “generar temor es uno de los fines que buscan. Los que hace mucho que estamos en esto sabemos que no está mal tener miedo, lo que hay que lograr es que no te paralice”.
Entre los mandatos que los genocidios dejaron en la sociedad, uno de ellos fue que los sobrevivientes actúen como cadena de transmisión del terror. “Ese fue el objetivo de que hubiera sobrevivientes. Pero desde la Asociación nosotros decimos que logramos vencer ese mandato. Porque logramos hacer testimonio sin transmitir el horror sino la lucha de los compañeros, quiénes eran, por qué los llevaron, la resistencia posible en los campos de concentración, la exigencia de justicia. Nosotros logramos vencer ese mandato porque seguimos luchando, y el terror no logró su objetivo, que es paralizar”, afirmó la testigo en la causa ESMA. Para muchos –como lo fue para Silvia– luchar por la justicia fue un motivo de vida. “La parte central de nuestra militancia fue dedicada a eso. Nos parece que en ese sentido hemos roto el mandato de los genocidas.”La razon de su vida
¿Silvia tenía miedo? Marina, su hija, de 24 años, no duda ni un instante. “Nunca tuvo miedo. Al contrario, luchaba. El miedo mayor de ella era la injusticia y la impunidad, esos eran sus fantasmas.” Por eso, rememora, cuando declaró en la causa Brusa “se sacó un gran peso de encima”. Y se cuela el recuerdo de su madre cuidando de ella y su hermano Andrés. “Nosotros sabíamos algo, pero ella fue esperando nuestros procesos intelectuales y psicológicos, para que pudiéramos asumir lo que tuvo que vivir nuestra madre. Ella nos protegió de estas cuestiones violentas y morbosas que no formaban parte del legado que querían dejarnos”, apunta Marina.
Convocada a hablar de la persona que fue Silvia Suppo, que a los 18 años estudiaba enfermería y era militante de la Juventud Peronista, Marina subraya “el compromiso” que mantuvo durante toda su vida, que llegó hasta los 51 años. Marina recuerda que su madre “fue una luchadora, una militante de toda su vida, en todos los planos que implica para una persona. Siempre tuvo coherencia, a pesar de toda la impunidad. Calculá que recién después de 30 años pudo mandar presas a las personas implicadas. Pero no pudieron romperla ideológicamente, no pudieron corromperla. Ese fue el gran triunfo de ella, de su generación, de los sobrevivientes de aquellos años”.
Marina quiere subrayar el legado político de su madre no sólo en los grandes gestos sino también en la vida cotidiana. “Desde cómo nos educó, desde el amor, pero también con esa coherencia, siempre buscando la justicia, la verdad, siempre yendo por el lado democrático, en el acto más mínimo, que supone hacer la comida, desde decisiones cotidianas y triviales, qué jugo comprar, qué información darnos, a qué escuela ir, fue muy coherente toda su vida”. Por eso, considera importante recordar a su madre por el “lado humano, que es político, porque tiene que ver con la ética”. Y recuerda que su mamá y su papá hicieron “una opción política. Podrían haberse perdido en el anonimato de una ciudad más grande, pero decidieron emprender su vida acá contra viento y marea. Fue muy difícil cargar con ese pasado, que ahora nos da orgullo pero en algún momento fue una carga. Ellos tuvieron mucho miedo de cómo eso nos podía afectar a mí y a Andrés. Eso lo valoro mucho, que en esta ciudad que aún es conservadora, pero lo era mucho más hace 30 años, ellos salieran a denunciar lo que les pasó”.
Para Marina, no es casual la reacción de la ciudad. “El acercamiento que tuvimos fue mayor de lo esperado, el grado de compromiso que han manifestado, tanto los poderes del Estado como las organizaciones no gubernamentales, el apoyo que recibimos, fue inesperado. Rafaela se mostró súper conmovida, se acercaron muchas personas que ni siquiera habían manifestado un interés político, se movilizaron muchísimo, y eso también lo tengo que reconocer”, subrayó Marina.
El crimen de Silvia Suppo movilizó a Rafaela. “De inmediato se formó un grupo de amigos y compañeros de Marina para hacer algo en relación a lo que había pasado. Nos estamos reuniendo con otras organizaciones de Rafaela y con personas en particular para continuar la lucha por el esclarecimiento del asesinato”, apuntó Dahiana Belfiori, del grupo de mujeres Enredaderas. Así llegaron a la marcha del Viernes Santo, cuando juntaron la enormidad de 1200 personas, en una ciudad de 100 mil, con altos índices de apatía.
Es que Silvia y Corcho no estuvieron tan acompañados como en las grandes ciudades en su lucha por los derechos humanos, aunque últimamente veían los frutos de su prédica. “Era una mujer muy entera que junto a su compañero llevaron la lucha en mucha soledad. Pero evidentemente la semilla está plantada, porque ahora somos muchos y muchas los que estamos preocupados y activando para que se esclarezca su crimen”, consideró Belfiori.

17 abr. 2010

Persecución a puertorriqueños que viajan a países de Latinoamerica

Por Milton Sanchez

La Fundación Filiberto Ojeda Ríos denuncia el acoso, hostigamiento y la persecución de la que es objeto Elma Beatriz Rosado, luchadora independentista puertorriqueña, por parte del gobierno de Estados Unidos.
Las autoridades de inmigración estadounidenses detuvieron a Rosado el 12 de abril en el aeropuerto de Miami, en Estados Unidos, donde su vuelo hacía escala, antes de regresar a Puerto Rico. Rosado regresaba de Nicaragua, luego de su participación en un encuentro internacional de Partidos de Izquierda y Movimientos Sociales de Mesoamérica y El Caribe , cuya clausura fue presidida por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Los compañeros Julio Muriente, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, y Carlos Quirós, del Movimiento al Socialismo, junto con Rosado, de la Fundación Filiberto Ojeda Ríos, representaban al movimiento independentista puertorriqueño.
La Fundación FOR denuncia las intenciones del gobierno de Estados Unidos de intentar separar a los puertorriqueños de sus hermanos latinoamericanos, al obstaculizar sus viajes. En el trayecto de regreso a Puerto Rico, así como a su regreso de otros viajes realizados a países como Cuba y Venezuela, Rosado ha sido detenida, sus pertenencias examinadas exhaustivamente y ha sido sometida a interrogatorios extensos, donde las preguntas llevan un claro objetivo de acoso y hostigamiento.
Las autoridades de inmigración removieron el dinero de su cartera, tarjetas de presentación con nombres de varias personas, licencia de conducir, itinerario de vuelo y notas personales. Aunque las pertenencias fueron devueltas, los documentos fueron fotocopiados, reteniendo los agentes de inmigración el contenido de la información, en clara violación a sus derechos.
Estas sucias tácticas de Estados Unidos se producen en la ciudad de Miami, foco de la derecha cubana, desde donde tantas acciones terroristas se han urdido, y pone en riesgo la seguridad de los puertorriqueños en un lugar extraño a su país.
La Fundación FOR denuncia que el trato y el interrogatorio al cual es sometida Rosado, pretende trazar una gruesa línea hostil contra los países visitados, y se traslucen intenciones de levantar una campaña contra éstos, implicando que son países enemigos, al igual que, durante décadas, se ha intentado criminalizar la lucha independentista puertorriqueña.
No conformes con la campaña represiva que mantienen continuamente contra los independentistas, y tras el
asesinato de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005, recurren a estas tácticas intentando desbaratar los lazos solidarios de los puertorriqueños con nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños.
La Fundación FOR denuncia la interferencia del gobierno de Estados Unidos en la vida de los puertorriqueños y la interrupción de actividades normales, como las visitas a países extranjeros. Tales acciones demuestran la realidad de un Puerto Rico colonial y demuestran el férreo control que Estados Unidos mantiene sobre nuestro país. Hasta que Puerto Rico no sea dueño de su soberanía absoluta, no tendrá poder decisorio sobre quién entra o sale del país.

15 abr. 2010

La última caracajada de Franco

Por Luis Hernandez

El de la voz declara, en pleno uso de sus facultades mentales, que es mexicano por nacimiento, hijo de exiliados republicanos, y que carece de pasaporte español, pero que, muy probablemente, debido a que a lo largo de su vida escolar cantó durante años, cada lunes por la mañana, el Himno de Riego y saludó la bandera de la República española, con los colores rojo, amarillo y morado, junto a la mexicana verde, blanco y rojo, le parece que es una canallada la pretensión de proceder judicialmente contra el juez Baltasar Garzón por el delito de prevaricación en su intento de juzgar los crímenes del franquismo.
Asimismo reconoce, para que nadie se llame a engaño, que el 20 de noviembre de 1975, junto con sus compañeros, amigos y familiares, descorchó jubiloso las botellas de cava que llevaban varios días enfriándose para celebrar la muerte del generalísimo. Que durante su juventud escuchó cómo los dedos índices de varios refugiados disminuían paulatinamente de tamaño de tanto golpear la mesa asegurando que “este año se muere Franco”. Que en esa fecha había motivos suficientes para festejar no obstante que el chacal murió en la cama, pues su régimen había entrado en declive desde el ajusticiamiento de Carrero Blanco y las luchas por la democracia en las calles y las fábricas. Que le dio enorme risa enterarse de que a las 10 de la mañana de ese día un lloroso Carlos Arias Navarro leyó en televisión española el testamento del dictador, en el que advertía: “No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización están alerta”. Y que nunca sintió nostalgia de una patria que no era la suya, sino de una causa a la que todavía no le llega la hora porque en su lugar se instaló una monarquía: la restauración de la República española.
El declarante asegura que la figura de Baltasar Garzón le resulta incómoda y ambigua, pero que no puede dejar de reconocer positivamente la intención del juez de dar satisfacción, desde el ejercicio jurisdiccional, a familiares víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco que no aceptan que los restos de sus ancestros sigan sin identificar en fosas comunes. En España –no se puede olvidar– hay más de 120 mil desaparecidos.
Se le complica evaluar la trayectoria del togado porque, mientras para unos es un desinteresado luchador contra la injusticia y el terrorismo que merece recibir el Premio Nobel de la Paz, para otros viola derechos humanos elementales y realiza su labor con exhibicionismo y de manera sesgada, particularmente en el caso del País Vasco. Los defensores de ambos puntos de vista han presentado evidencias que apuntalan su dicho.
Al de la voz le parece una amarga ironía que, a casi 35 años de la muerte del “caudillo de España por la gracia de Dios”, la Falange –el partido fascista–, el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad hayan sentado en el banquillo de los acusados al magistrado que intentó que se juzgara a las autoridades responsables de los enormes crímenes cometidos por el régimen dictatorial de Francisco Franco; al único juez que se ha atrevido a cuestionar la Ley de Amnistía, norma que Naciones Unidas ha pedido derogar. Los herederos del franquismo y los defensores de su memoria están de manteles largos.
Al declarante le provoca enorme suspicacia que –como ha documentado Vicenç Navarro– el Tribunal Supremo que ha puesto a Garzón contra las cuerdas esté presidido por un juez que en su día juró lealtad al movimiento fascista, y que el togado que dio luz verde al proceso sea el magistrado Adolfo Prego, patrono de honor de la fundación de ultraderecha Defensa de la Nación Española, quien será el que redactará la sentencia final.

En el reino de España hubo una amnesia sobre el pasado franquista que obsequió una amnistía a los criminales que detentaron el poder durante décadas. La clase política y una parte del mundo intelectual renunció a mirar hacia atrás y optó por sólo ver hacia adelante. Mientras, los rojos se volvieron rosas, los franquistas se transformaron en “demócratas”, los falangistas se convirtieron en empresarios y los conservadores se disfrazaron de progesistas sin remordimiento alguno. “Rectificar es cosa de cuerdos/si te he visto no me acuerdo”, cantaba Joaquín Sabina. Pero hoy resulta evidente: el pasado negado se ha apersonado en la sociedad y la política española para reclamar justicia, y la impunidad ha respondido exigiendo su continuidad en el timón de mando.

Probablemente porque era ya una momia aún en vida, el entierro de Franco estuvo lleno de absurdos: hicieron falta varios días de ensayos para poder conducir las pompas fúnebres; uno de los dolientes cayó a la tumba y quedó inconsciente; salvo Augusto Pinochet, ningún jefe de Estado importante acudió al funeral; los funcionarios del Valle de los Caídos sudaron la gota gorda para encontrar una lápida que estuviera a la altura de la que cubría la tumba de José Antonio. Por ello, el de la voz cree que, ante la desmesura del caso Garzón, a 35 años de distancia de su muerte, el caudillo, en un acto de venganza, se ríe a carcajadas desde su sepulcro: la justicia del reino de España no castiga a los responsables de las desapariciones criminales, sino a quien las investiga. Señal de que es hora de volver a restaurar la República.

9 abr. 2010

Juez Español es enjuiciado por investigar crimenes de Franco

Por Agencias

El enjuiciamiento del magistrado español Baltasar Garzón, por un presunto delito de prevaricación cometido supuestamente al investigar los crímenes del franquismo (1939-1975), ha generado una serie de manifestaciones de solidaridad y de apoyo a su labor.
El magistrado del Tribunal Supremo español Luciano Varela notificó la víspera un auto en el que anuncia que abrirá juicio oral a Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes y desapariciones durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
La Ley española que rige la judicatura prevé apartar de sus funciones a los jueces "cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones", como la prevaricación.
Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la suspensión cautelar de Garzón en su trabajo judicial será decidida el próximo día 22.
El respaldo a Garzón, que en 1998 procesó al dictador chileno Augusto Pinochet y ha dirigido otras investigaciones internacionales, ha sido expresado por el gobernante Partido Socialista (PSOE) o por miembros de los opositores Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU), e incluso por ciudadanos anónimos, que en las redes sociales de Internet apoyan al juez con firmas y convocatorias de actos de solidaridad.
Los hechos por los que Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, para lo que ordenó la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas en esa época.
El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó hoy que quien se sentará en el banquillo no es Garzón, sino "España y la democracia española", y añadió que lo que está ocurriendo es que en España "los nostálgicos y los verdugos se convierten en justicieros y los jueces y las víctimas en culpables".
En el País Vasco, el secretario general del PP, Iñaki Oyarzabal, dijo que tiene mucho "respeto" por el magistrado, de quien añadió que "ha prestado un servicio excepcional a la democracia en España y me parece lamentable que se tenga que sentar en el banquillo acusado por la Falange; no tiene ni pies ni cabeza".
Muchas reacciones se centran en el hecho de que la causa por la que Garzón afronte un juicio se iniciara a raíz de las querellas presentadas por las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias y Falange Española de las JONS.
Desde el PSOE, la secretaria de Organización, Leire Pajín, afirmó que le produce "indignación y repugnancia" que cuestionen la labor del juez quienes hace unos años pedían para él el premio Nobel de la Paz "porque estaba investigando al adversario".
La sede de la Audiencia Nacional fue escenario esta noche de una concentración en la que, al igual que la víspera, varias decenas de personas portaban pancartas con lemas como "España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez" o "Justicia de verdad".