Pese a lo que significa la condena a un cura por abuso de menores, las autoridades eclesiásticas no dijeron nada.
La Iglesia no inició de momento un juicio eclesiástico contra Julio Grassi. Pero de confirmarse el fallo judicial deberá aplicar la orden de tolerancia cero con los pederastas impartida por el Papa Benedicto XVI.
Penas ejemplares que el Vaticano reiteró recientemente a través del prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal brasileño Claudio Hummes, que auspició que los sacerdotes que cometan delitos graves, al referirse a casos de abusos sexuales, sean “juzgados y castigados”.
Expertos en derecho canónico adelantaron que, de ratificarse la sentencia tras las apelaciones, a Grassi le puede caber una suspensión de por vida en el ministerio sacerdotal. Es decir: no podrá dar misa ni administrar de los sacramentos.
El Código de Derecho Canónico es contundente al tipificar los delitos que se refieren a abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Se especifica que “el clérigo que cometa un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando éste haya sido sometido con violencias o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera.
Grassi fue condenado en primera instancia por ese delito, con el agravante –subrayó el Tribunal Oral de Morón– de su condición de “sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima”. Por eso, diversos organismos de derechos humanos y de protección de la infancia repudiaron que el mentor de la Fundación Felices los Niños haya sido eximido de prisión hasta que el veredicto quede firme.
También levantó polvareda tanto la decisión del Episcopado de llamarse a silencio, como la actitud del obispado de Morón, jurisdicción eclesiástica a la que pertenece Grassi, de dilatar los mecanismos para iniciarle un proceso canónico al sacerdote.
La postura no es nueva: todavía no se avanzó en un juicio eclesiástico al ex capellán policial Christian Von Wernich, condenado en 2007 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Tampoco se tomaron medidas eclesiásticas con el arzobispo emérito Edgardo Storni, que debió renunciar en 2002 a su cargo tras ser procesado por presunto abuso sexual a seminaristas. Casi siete años después, el prelado espera se sustancie el juicio penal, recluido en un refugio arzobispal en Córdoba. “La Iglesia siempre es silenciosa en los peores crímenes”, criticó Estela de Carlotto.
La Iglesia no inició de momento un juicio eclesiástico contra Julio Grassi. Pero de confirmarse el fallo judicial deberá aplicar la orden de tolerancia cero con los pederastas impartida por el Papa Benedicto XVI.
Penas ejemplares que el Vaticano reiteró recientemente a través del prefecto de la Congregación para el Clero, el cardenal brasileño Claudio Hummes, que auspició que los sacerdotes que cometan delitos graves, al referirse a casos de abusos sexuales, sean “juzgados y castigados”.
Expertos en derecho canónico adelantaron que, de ratificarse la sentencia tras las apelaciones, a Grassi le puede caber una suspensión de por vida en el ministerio sacerdotal. Es decir: no podrá dar misa ni administrar de los sacramentos.
El Código de Derecho Canónico es contundente al tipificar los delitos que se refieren a abusos sexuales cometidos por un sacerdote. Se especifica que “el clérigo que cometa un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando éste haya sido sometido con violencias o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido 16 años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera.
Grassi fue condenado en primera instancia por ese delito, con el agravante –subrayó el Tribunal Oral de Morón– de su condición de “sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima”. Por eso, diversos organismos de derechos humanos y de protección de la infancia repudiaron que el mentor de la Fundación Felices los Niños haya sido eximido de prisión hasta que el veredicto quede firme.
También levantó polvareda tanto la decisión del Episcopado de llamarse a silencio, como la actitud del obispado de Morón, jurisdicción eclesiástica a la que pertenece Grassi, de dilatar los mecanismos para iniciarle un proceso canónico al sacerdote.
La postura no es nueva: todavía no se avanzó en un juicio eclesiástico al ex capellán policial Christian Von Wernich, condenado en 2007 a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Tampoco se tomaron medidas eclesiásticas con el arzobispo emérito Edgardo Storni, que debió renunciar en 2002 a su cargo tras ser procesado por presunto abuso sexual a seminaristas. Casi siete años después, el prelado espera se sustancie el juicio penal, recluido en un refugio arzobispal en Córdoba. “La Iglesia siempre es silenciosa en los peores crímenes”, criticó Estela de Carlotto.
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