Por Oscar Flores (Corresponsal Bs.As)
El fiscal Eduardo Taiano le solicitó al juez federal Sergio Torres que se eleve un pedido de juicio oral para Emilia Marta García quien está acusada de formar parte de la “estructura financiera” de los represores que actuaban en la Esma.
Estos se apoderaban de los bienes de los prisioneros de ese centro clandestino de detención.
El hecho transcurre en los casos de de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma.
El hecho transcurre en los casos de de los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma.
Donde la ex magistrada Marta Emilia García jugó un papel clave en ese tenebroso engranaje financiero.
La historia comienza en enero de 1977 con los secuestros sincronizados del abogado Conrado Gómez, del contador Horacio Palma , del octogenario Victorio Cerutti y su yerno Omar Masera Pincolin.
Todos eran propietarios de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria.
Los cuatro hombres fueron secuestrados por el marino Jorge Perrén, recientemente fallecido y conducidos a la ESMA,. Allí, bajo tortura y bajo coacción moral, se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus bienes con la ilusión de salvar el pellejo.
En los sótanos de la ESMA, los propietarios de Chacras de Coria, valuada en 16 millones de dólares, fueron obligados a firmar la cesión en beneficio de un grupo de oficiales de la marina que, actuando con seudónimo, legalizaron el despojo.
Los marinos, con documentación falsa, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sociedades fantasma.
Pero no todos eran fantasmas: escribanos, contadores, abogados, prestaron sus nombres para brindar cobertura a los negocios del almirante Massera: la ex jueza Emilia Marta García colaboró con el fallecido escribano masserista Ariel Sosa Moliné –también vinculado con la desaparición de Fernando Branca– en la confección de documentación apócrifa.
García, por entonces estudiante de derecho, fue designada síndico y más tarde accionista de WILL-Ri, la sociedad fantasma constituida por los marinos que suplantó a la de los empresarios secuestrados.
Con el gobierno de Raúl Alfonsín y el juicio a las juntas militares, el ex almirante sospechó que el plan entraba en zona de riesgo y simuló sucesivas ventas de las tierras para evitar su incautación.
Cuando en los ’80 fue convocada por la Justicia ordinaria para que explicara su actuación, Emilia Marta García adujo que nunca había sospechado nada, que su participación se limitaba a las tareas propias de la notaría y que quienes habían aparecido como adquirentes y nuevos titulares del predio eran auténticos caballeros.
Más tarde, intentó justificar su papel como accionista en las sociedades ficticias de los marinos por su historia familiar. En una primera instancia, el anterior Consejo de la Magistratura apañó a la jueza, quien declaró que sus actos y el secreto en el que los mantuvo fueron producto de la coerción y del miedo por su hermana secuestrada.
Pero esa hermana mantenía una relación sentimental con Jorge “El Tigre” Acosta, jefe de inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. García también omitió confesar que el ocultamiento fue una condición necesaria para el desarrollo de su carrera judicial.
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