Por Oscar Flores
Los economistas reunidos en el Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires-Plan Fénix plantean el debate sobre la política agropecuaria. Destacan que lo que está en juego no es el interés sectorial, sino el patrón de acumulación y distribución. Proponen crear una comercializadora de carácter público y revisar la legislación referida a los arrendamientos rurales. Y reafirman su postura a favor del mantenimiento de las retenciones.
El documento es revelador en cuanto a que quienes lo suscriben son los mismos que, durante la década menemista eran profundos críticos de las políticas neo-liberales de ese gobierno.
El escrito del Plan Fenix establece que “Los reclamos por suprimir las retenciones a las exportaciones primarias ocupan, desde hace algún tiempo, un lugar destacado en la agenda de los medios de difusión. Los argumentos al respecto tienen muchas veces un contenido simplista, pero ello no impide que esto sea avalado por partidos políticos, organizaciones intermedias, cámaras empresariales y hasta organizaciones sindicales.”Así comenzaba un comunicado que emitiéramos desde el Plan Fénix, en marzo de 2005.
Cuatro años después, el debate sobre el tema permanece, con mayor vigor, habiendo atravesado instancias dramáticas durante el año 2008, con fuertes reverberaciones en el plano político y partidario. Una y otra vez se han reiterado argumentos a favor o en contra de este instrumento.
Así lo hemos hecho también nosotros, exactamente hace un año. Reafirmamos nuestra postura a favor del mantenimiento de las retenciones, graduando su impacto por producto, escala de explotación y región geográfica.
Se trata de un instrumento con indudables efectos positivos:
* Permite socializar parte de la renta primaria, que de derecho corresponde a toda la comunidad.
* Introduce un tipo de cambio diferenciado que favorece un desarrollo armónico de agro e industria, transfiriendo al conjunto de la economía la ventaja comparativa agrícola.
* Brinda holgura fiscal al Estado, lo que habilita el financiamiento de inversión productiva y otras prestaciones estatales, sin presionar sobre los mercados financieros.
La historia argentina de las últimas tres décadas avala esta postura: los dos ciclos más exitosos de la economía en términos de crecimiento (1963–1974 y 2003-2008) en los últimos 50 años contaron con la aplicación de tipos de cambio diferenciados mediante retenciones.
Sobresale en ambos casos el fuerte impulso resultante para las exportaciones industriales no tradicionales, que crecen en términos reales a un ritmo muy superior al de las exportaciones agrícolas. Es ésta una herramienta insustituible para apuntalar al desarrollo con equidad de la Argentina, sobre la base de un modelo híbrido, que combine ventajas comparativas naturales y aquellas que permiten la actividad de transformación.
En la actual coyuntura se añaden algunos elementos novedosos. La caída de los precios internacionales (que han regresado así a valores próximos a los históricos) ha reducido el margen de ganancias extraordinarias del año pasado. A ello se agrega una sequía inédita, con valores de precipitación pluvial menores en 50 por ciento o más con relación a promedios históricos, que ocasiona la disminución de los volúmenes producidos (particularmente en los casos de trigo y maíz).
A la disputa en torno de la posible apropiación de tales ganancias, que produjo la escalada del conflicto, se suman ahora los requerimientos para paliar la situación crítica ocasionada por la mencionada circunstancia climática.
La postura de las patronales rurales, respaldada por parte importante de la oposición política, no ha variado, sin embargo: el reclamo es por la abolición o drástica reducción de las retenciones, sin otros aditamentos.
Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado recientemente algunas medidas, a partir de reuniones con los representantes rurales, que desgravan parcialmente algunas producciones (pampeanas y extrapampeanas), segmentan la aplicación de retenciones y brindan subsidios para revertir la reducción del stock ganadero. Se mantiene la alícuota para la soja, habiéndose dispuesto en estos días su parcial coparticipación con las administraciones provinciales y municipales.
Entendemos que modificar los principios que sustentan el sistema de retenciones sería equivocado. A los argumentos ya mencionados debemos agregar la profundización de la actual crisis internacional, con impactos recesivos que llegarán inexorablemente a nuestro país.
Hoy más que nunca, desguarnecer al Estado constituye un grave paso en falso, que entraña riesgos considerables. No es éste el momento, seguramente, de privilegiar intereses sectoriales, sobre todo cuando nada indica que la supervivencia de los emprendimientos agropecuarios esté bajo amenaza.
Sólo los acreedores de la aún impaga deuda social de la Argentina tienen derecho a este tipo de reclamo: hablamos de niveles de pobreza y marginalidad que no pueden ser aceptables.Ahora bien, los argumentos aquí expuestos no son por cierto desconocidos para la generalidad de los analistas y actores del quehacer económico y social.
Cualquier persona razonablemente informada e intelectualmente honesta puede reconocer su validez, más allá de los matices con los que el instrumento de las retenciones puede ser aplicado. Cualquier persona sabe que la supresión de las retenciones no paliará los impactos de la crisis internacional, ni tampoco devolverá la lluvia perdida.
En consecuencia, la presente puja en torno del tema no refleja sino un posicionamiento torpe y de miras cortas. Quienes abogan por la eliminación de las retenciones, en función de su interés sectorial inmediato, sacrifican una estrategia que a la postre resulta más beneficiosa para el conjunto. A ello contribuye, por otra parte, una dirigencia política incapaz de pensar más allá de la coyuntural capitalización de la protesta.
Entendamos que –tal como lo dijéramos en declaraciones anteriores– no es sólo el interés sectorial sino el patrón de acumulación y distribución lo que aquí está en juego. Hemos vivido y sufrido las consecuencias de esquemas fundados en la revaluación cambiaria y el desfinanciamiento estatal.
No están tan lejanos los recuerdos del empobrecimiento de los años ’90 y la correspondiente crisis terminal de 2001. Sin embargo, hay quienes parecen añorar este modelo.Señalamos además que –más allá del fragor producido por los numerosos cruces verbales– el posicionamiento gubernamental ha carecido de la necesaria claridad.
En lugar de ofrecer una fundamentación equilibrada y articulada de esta política, se ha recurrido a argumentos parciales, ora apuntando a aspectos distributivos, ora señalando necesidades fiscales.
La dirigencia política argentina debe comprender –desde el Gobierno o desde el llano– que es imperativo persuadir desde la razón, y a la vez desde una perspectiva que valore el bienestar del conjunto de la sociedad. De la misma manera corresponde reclamar a los medios de comunicación un tratamiento objetivo, que no priorice una toma de posición, como hoy se observa en forma generalizada.
Este conflicto debe ser encarado en términos adecuados no sólo a la coyuntura sino a una senda de desarrollo con equidad. Esto es, en el marco de un proyecto nacional todavía por definirse para la Argentina.
Deben esclarecerse por lo pronto los intereses y la representatividad de los actores, lo que lleva a reconocer que la dirigencia enfrentada a las retenciones no representa a la población campesina de recursos y horizontes productivos limitados.
Se trata por lo contrario de propietarios de medio y alto porte, rentistas en muchos casos, y en su mayoría de la llanura pampeana. Ellos se han beneficiado considerablemente con la conjunción de precios altos y devaluación verificada en los últimos años.
Así lo evidencian los elevados precios de la tierra (e incluso de los inmuebles urbanos en las ciudades del interior agropecuario pampeano).
Pero la realidad de la actividad agropecuaria en la Argentina es considerablemente más compleja. Ella comprende producciones de diversa naturaleza y escala, cadenas de intermediación fuertemente oligopolizadas en muchos casos, proveedores de insumos críticos también concentrados.
Es necesario entonces comprender la problemática agropecuaria en toda su diversidad. Esto implica ir más allá de la cuestión puntual de las retenciones.
El modelo de agricultura intensiva en tecnología que se ha desarrollado en la última década conlleva una fuerte expansión del cultivo de soja, en detrimento tanto de usos más equilibrados de los suelos (lo que puede comprometer la sostenibilidad a futuro), como de cultivos más intensivos en uso de mano de obra en zonas extrapampeanas.
Asimismo, ha puesto en entredicho la viabilidad de la actividad ganadera, que se ha visto desplazada, afectando el stock total e incluso la actividad lechera. Se avizoran los riesgos propios del monocultivo en términos de su viabilidad ecológica como de precios internacionales no previsibles.
Estos aspectos requieren definiciones estratégicas por parte del Estado, ya que la preservación del suelo y la sostenibilidad en el largo plazo no pueden dejarse libradas a las señales de mercado dado el limitado horizonte de evaluación de los decisores privados. Estas definiciones se encuentran ausentes.
Sólo se han ensayado medidas puntuales, con éxito diverso.Debe ser objeto de particular consideración la agricultura de escala familiar en áreas alejadas de las zonas cerealeras. Asimismo, las cadenas de elaboración y comercialización, tanto en granos como en carnes, hoy día se apropian de una parte no desdeñable de la renta primaria.
Esto amerita un estudio en profundidad para su reformulación. Es imperativo un ejercicio participativo de planificación sectorial, que defina un perfil futuro a la vez factible y deseable, en lo que atañe al sector y a su vinculación con el resto de la economía.
Se podrán establecer así los roles que cada actividad debe cumplir en el conjunto del quehacer agropecuario, incorporando explícitamente la consideración de aspectos ambientales. Otros tópicos que deben integrar esta agenda son la creación de una comercializadora de carácter público y la revisión de la legislación referida a los arrendamientos rurales.
Las herramientas de intervención gubernamental deben encontrarse correctamente diseñadas y ser implementadas en forma confiable. La imagen resultante debe ser la de un Estado comprometido con una política eficaz, con aristas diversas, correctamente fundamentada, y que no se limita seguramente a introducir un tipo de cambio diferenciado o a atender requerimientos fiscales.
Se requiere entonces a la vez voluntad de diálogo y convicción fundada en la defensa de posturas que benefician al colectivo de los argentinos.
La negociación de ninguna manera puede transcurrir bajo la amenaza de medidas que comprometen la continuidad de las actividades productivas, ni mucho menos con la concreción de aquéllas.
El conflicto con el sector agropecuario lleva ya demasiado tiempo. Urge en esta nueva etapa una solución duradera en pro de un proceso de crecimiento sostenible y equitativo, ajustada además a un escenario internacional muy diferente y seguramente más duro que el que vivimos en los últimos años.
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