Por Cristian Maldonado (*)
Una voz ciudadana
En la ciudad de San Francisco, un grupo de mujeres consiguió alejar las fumigaciones que se realizaban habitualmente junto a sus viviendas. Preocupadas por la gran cantidad de casos de cáncer, problemas respiratorios, alergias y pérdidas de embarazos que se daban especialmente en los barrios pegados a los campos con soja, decidieron formar la agrupación Voz Ciudadana. Después de mucho buscarlo, consiguieron finalmente que se aprobara una ordenanza municipal que prohíbe fumigar con cualquier producto en los primeros 500 metros, y en los 500 metros siguientes sólo permite hacerlo con productos de clases toxicológicas III y IV. “Ahora la población misma se ocupa en general de controlar que no haya máquinas fumigadoras trabajando en los 500 metros del límite de las viviendas”, explicó Alicia Rópolo, una de las fundadoras de la agrupación.
Las presiones de la Rural
Alicia Rópolo le narró a Veintitrés una particular historia previa a la ordenanza: “En un determinado momento, mientras tratábamos de lograr la ordenanza y había mucha presión de las dos partes, y la gente de la Rural de San Francisco estaba empeñada en que no saliera ningún tipo de modificación a la ley provincial, recorrieron los 4 ó 5 sanatorios de San Francisco y pidieron en cada uno de ellos un certificado en donde los directivos aseguraban que nunca habían atendido a nadie por un problema de agroquímicos. 4 sanatorios lo hicieron, les dieron esos certificados y ellos los presentaron, y bueno, eran falsos. Nosotros en ese momento los denunciamos. Hicimos una presentación en el municipio, y presentamos pruebas de que era absolutamente falso, porque nosotros teníamos historias clínicas, teníamos certificados de gente que había pasado por cada uno de estos sanatorios con algún problema relacionado a los agroquímicos. Eso fue realmente una vergüenza”.
Durante su primera intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente paraguayo Fernando Lugo exigió acabar con “el terrorismo” que mata niños en Paraguay “a causa de los agrotóxicos”. Sus declaraciones suscitaron airados reclamos desde los sectores vinculados económicamente a los agrotóxicos. En Argentina, el tema genera una enorme rispidez. Se trata nada menos que del segundo productor mundial de soja transgénica, lo que supone por ejemplo que este año se utilicen en nuestro país alrededor de 130 millones de litros de glifosato para fumigar. “Es mucha la plata que hay en juego, por eso no se habla del tema”, nos dice Mónica, una vecina de Villa Las Chunchulas. Mónica vive a sólo cinco metros de un campo con soja. Una angosta calle de tierra separa el campo de su casa. En diagonal, al otro lado del camino a Pajas Blancas, se alcanza a ver el aeropuerto. “Mi hijo se enfermó acá. Cuando vinimos estaba sano, él se enfermó acá”, repite señalando el campo. Algunos años atrás, a su hijo le diagnosticaron leucemia. “La doctora me dijo que en el 70, 80 por ciento de los casos que hay en el Hospital de Niños, la mayoría de los chicos vive así, con plantaciones de soja en el fondo de las casas. De leucemia, púrpura y otras enfermedades en la sangre. Dicen que no tienen la certeza, pero ellos sospechan que es una de las causas, porque todos los chicos que van, todos viven como yo, con las plantaciones de soja al lado”.
Mónica nos cuenta que desde hace ya un tiempo no ve fumigar frente a su casa, pero teme que con las lluvias vuelva a suceder en cualquier momento. Y además explica: “Lo que pasa es que a veces fumigan de noche y no los vemos. Una vez estaban fumigando y nosotros nos despertamos y fuimos a pararnos ahí adelante del hombre, nos pusimos frente a la máquina y al final se fue. Acá a la vuelta hay otro callejón grande con soja y ahí también, vos los ves que fumigan sin problemas, al lado de las casas, donde hay chicos jugando, pero les da lo mismo”. Recuerda haber llegado a la villa 11 años atrás y dice que fue a partir de las fumigaciones que empezaron a aparecer casos de chicos con enfermedades en la sangre y otros problemas de salud.
María Gladis Romero vive en barrio Cabildo. Su casa está a unos cien metros de campos con soja que son habitualmente fumigados. Cuenta que le impresiona ver cómo en todos estos últimos años se han secado las plantas y los árboles: “A la señora de al lado se le secaron los dos paraísos. A mí se me secó un damasco. Eso te da la pauta de lo que vivimos acá”. Y dice que lo que más le preocupa es la cantidad de problemas de salud que advierte al mismo tiempo en la gente: “Hace casi 14 años que vivo en el barrio y todo esto de las enfermedades empezó a aparecer desde que comenzaron con las fumigaciones. En estos últimos tres años ha habido un montón de casos de personas con problemas en la piel, de gente que vive resfriada o con problemas de alergia”.
En otras zonas de la ciudad, también lindantes a campos fumigados, hemos recogido decenas de testimonios similares. Coinciden en que los casos de cáncer, de alergias en la piel y de problemas respiratorios se dispararon a partir de las fumigaciones. Aunque esto no se verifica con contundencia en las cifras oficiales. “La falta de estudios epidemiológicos es el principal cómplice de las grandes empresas productoras de agroquímicos y de los propios productores que los usan en forma indiscriminada. Si realmente se hicieran estos estudios, comprobaríamos cómo se está afectando la salud de las personas por culpa de los plaguicidas. El actual uso masivo y generalizado de plaguicidas está aumentando la morbilidad y mortalidad a niveles prácticamente desconocidos”, advirtió el biólogo Raúl Montenegro a este medio.
“¿Es necesario esperar a que alguien se muera? No, no hay que probarlo, los delitos ambientales son delitos de peligro (en los términos del art. 55 y 56 de la ley 24.051) por lo que no es necesario probar el daño a las personas. Es suficiente con probar la presencia de un residuo en la tierra, en el agua o en el aire por encima de los niveles permitidos por el decreto reglamentario 831. Es un grave error exigir que alguien esté contaminado. A mí me sorprendieron mucho algunos dictámenes de fiscales provinciales cordobeses, en los que se dice que los glifosatos no están causando daño porque no se puede probar la causalidad entre el daño que sufre una supuesta víctima por un cáncer, y el glifosato que hay en el ambiente. Creo que es morboso necesitar que alguien se enferme o se muera para decir que existe delito de contaminación”, explicó a Veintitrés el fiscal federal Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente en el NOA.
La ley provincial 9.164 prohíbe la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II, dentro de un radio de 1.500 metros del límite de las plantas urbanas, y dentro de un radio de 500 metros para las Clases Toxicológicas III y IV. En el caso de la aplicación por vía terrestre, la ley provincial prohíbe que se realice con las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II dentro de un radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas de municipios y comunas, y sí permite la aplicación de las Clases Toxicológicas III y IV dentro de ése radio. Según Raúl Montenegro, se trata de una ley “medieval” que fue concebida para proteger a las personas sólo de las dosis agudas (DL 50), pero para no protegerlas de las bajas dosis y la exposición crónica a estos agrotóxicos. Montenegro señala que esto debería representar una de las mayores preocupaciones: “Los plaguicidas tienen muchos efectos sobre el sistema hormonal y el sistema inmune, y a partir de estos efectos pueden desplegarse una gran cantidad de enfermedades. En el caso particular de la soja, donde se utiliza glifosato, endosulfán y 2,4 D, estas tres sustancias alteran el sistema hormonal por ejemplo y son peligrosas incluso en bajas dosis”.
Para Ricardo Fernández, responsable del Servicio de Toxicología del Hospital Infantil de Córdoba, uno de puntos a tener en cuenta es el fenómeno de dilución de estos productos: “Hay que respetar sí o sí la clasificación del producto. Un producto que es clase II, no deja de ser clase II por más que se lo diluya en el momento de la aplicación. Ese argumento se está utilizando y me parece peligroso, porque con ese mismo criterio se podría usar (dentro del radio de los primeros 500 metros) hasta un producto clase I mientras se lo diluya y eso no es correcto”. Por su parte, Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba tuvo otra opinión al ser consultado por este medio respecto a si los plaguicidas de grado II diluidos pueden utilizarse como si fuesen de grado III ó IV: “Sí, eso es algo muy importante que se conozca, un plaguicida que se diluye en 70 ó 100 litros de agua, su concentración tóxica disminuye”. A todo esto, Raúl Montenegro manifestó que no es suficiente la participación de ingenieros agrónomos para autorizar una receta fitosanitaria: “No están capacitados para proteger la salud de las personas expuestas a bajas dosis. Ni siquiera ven durante su carrera los mecanismos de disrupción endocrina. Es indispensable replantear el sistema de autorización y que participen médicos, biólogos y otras profesiones en esto”.
El fiscal federal Gustavo Gómez, quien se convirtió en un referente ineludible en materia ambiental luego de conseguir el primer fallo en Latinoamérica contra una multinacional minera por contaminación (Bajo de La Alumbrera), reveló que, a diferencia de lo que muchos creen, la utilización del glifosato representa un verdadero problema: “La Agencia de Protección Ambiental (EPA) reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, dentro de la categoría altamente tóxicos. La Organización Mundial de la Salud, ha clasificado al glifosato como extremadamente tóxico (categoría I). Estudios realizados por científicos independientes han demostrado que el glifosato ha sido erróneamente calificado como ‘toxicológicamente benigno’. Los efectos en humanos, incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal. Creo que habría que prohibir el uso de los glifosatos”.
Sofía Gatica es una vecina de barrio Itauzaingó Anexo. Vive también junto a un campo con soja. Se la conoce por su férrea lucha contra la contaminación del barrio. “Yo perdí una hija que falleció por malformación. Nosotros tenemos estudios, no es que lo decimos por decir. Tenemos estudios hechos por el Ceprocor, por la UBA y por la Universidad de Rosario. Ahí se han hecho los análisis de los chicos. O sea que nosotros sí podemos decir por qué estamos enfermos. A nosotros se nos hizo todo tipo de análisis y la gente no tiene PCB ni PVC ni otra cosa, tiene agrotóxicos: tiene endosulfán y distintos agroquímicos”, cuenta con firmeza. Dice que en noviembre viajarán a Salta al Congreso Nacional de Equipos de Salud, en donde presentarán un informe con nuevos relevamientos que registran hasta la actualidad más de 300 casos de cáncer en el barrio”.
María Godoy es otra de las vecinas de Intuzaingó Anexo que lucha contra las fumigaciones. Hace saber que en el barrio hay malformaciones en casa de por medio. “Hay chicos que nacen totalmente deformados y mueren”, explica dolida. María asegura que no van a parar hasta que dejen de fumigar. Dice que cada vez que ven una máquina “mosquito” fumigando se meten al campo a detenerla. Recuerda que la última vez le quedaron los ojos hinchados por acercarse a la fumigadora. “Pero esto al final nos perjudicó porque ahora salen con la avioneta. En febrero hicimos una denuncia por eso y pusieron preso al sojero que fumigaba. Lo que pasa es que lo hacen de noche y sólo a veces nos damos cuenta. Encima hay días que está la CAP cuidando al “mosquito” en lugar de cuidarnos a nosotros”.
Para Alicia Morales Lamberti, titular de la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales del Ambiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, la ley provincial es inconstitucional porque avanza sobre los municipios. Además, sostiene que el gobierno no tiene capacidad efectiva para controlar y añade: “El problema es que el secretario de Agricultura haga cumplir lo que obviamente no va a hacer cumplir, porque han puesto al lobo a cuidar a las ovejas. O sea, el secretario de Agricultura está para promover la actividad agrícola, ¿y la tiene que fiscalizar también?, es una burla”.
María quiere que se sepa que el problema de las fumigaciones afecta a muchos barrios de Córdoba y pide que esto se difunda: “Pasa en camino a Alta Gracia, en barrio Comercial, en Guiñazú, y también en otros barrios: toman contacto con nosotros porque tienen a sus hijos enfermos, pero lo que pasa es que no protestan, no se organizan y todo esto sigue oculto, es como si no existiera. Queremos concretizar a la gente para que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. La gente no logra entender las enfermedades que esto le puede traer. Hasta que no te pasa, no tomás conciencia”.
Mónica nos cuenta que desde hace ya un tiempo no ve fumigar frente a su casa, pero teme que con las lluvias vuelva a suceder en cualquier momento. Y además explica: “Lo que pasa es que a veces fumigan de noche y no los vemos. Una vez estaban fumigando y nosotros nos despertamos y fuimos a pararnos ahí adelante del hombre, nos pusimos frente a la máquina y al final se fue. Acá a la vuelta hay otro callejón grande con soja y ahí también, vos los ves que fumigan sin problemas, al lado de las casas, donde hay chicos jugando, pero les da lo mismo”. Recuerda haber llegado a la villa 11 años atrás y dice que fue a partir de las fumigaciones que empezaron a aparecer casos de chicos con enfermedades en la sangre y otros problemas de salud.
María Gladis Romero vive en barrio Cabildo. Su casa está a unos cien metros de campos con soja que son habitualmente fumigados. Cuenta que le impresiona ver cómo en todos estos últimos años se han secado las plantas y los árboles: “A la señora de al lado se le secaron los dos paraísos. A mí se me secó un damasco. Eso te da la pauta de lo que vivimos acá”. Y dice que lo que más le preocupa es la cantidad de problemas de salud que advierte al mismo tiempo en la gente: “Hace casi 14 años que vivo en el barrio y todo esto de las enfermedades empezó a aparecer desde que comenzaron con las fumigaciones. En estos últimos tres años ha habido un montón de casos de personas con problemas en la piel, de gente que vive resfriada o con problemas de alergia”.
En otras zonas de la ciudad, también lindantes a campos fumigados, hemos recogido decenas de testimonios similares. Coinciden en que los casos de cáncer, de alergias en la piel y de problemas respiratorios se dispararon a partir de las fumigaciones. Aunque esto no se verifica con contundencia en las cifras oficiales. “La falta de estudios epidemiológicos es el principal cómplice de las grandes empresas productoras de agroquímicos y de los propios productores que los usan en forma indiscriminada. Si realmente se hicieran estos estudios, comprobaríamos cómo se está afectando la salud de las personas por culpa de los plaguicidas. El actual uso masivo y generalizado de plaguicidas está aumentando la morbilidad y mortalidad a niveles prácticamente desconocidos”, advirtió el biólogo Raúl Montenegro a este medio.
“¿Es necesario esperar a que alguien se muera? No, no hay que probarlo, los delitos ambientales son delitos de peligro (en los términos del art. 55 y 56 de la ley 24.051) por lo que no es necesario probar el daño a las personas. Es suficiente con probar la presencia de un residuo en la tierra, en el agua o en el aire por encima de los niveles permitidos por el decreto reglamentario 831. Es un grave error exigir que alguien esté contaminado. A mí me sorprendieron mucho algunos dictámenes de fiscales provinciales cordobeses, en los que se dice que los glifosatos no están causando daño porque no se puede probar la causalidad entre el daño que sufre una supuesta víctima por un cáncer, y el glifosato que hay en el ambiente. Creo que es morboso necesitar que alguien se enferme o se muera para decir que existe delito de contaminación”, explicó a Veintitrés el fiscal federal Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente en el NOA.
La ley provincial 9.164 prohíbe la aplicación aérea de productos químicos o biológicos de uso agropecuario, de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II, dentro de un radio de 1.500 metros del límite de las plantas urbanas, y dentro de un radio de 500 metros para las Clases Toxicológicas III y IV. En el caso de la aplicación por vía terrestre, la ley provincial prohíbe que se realice con las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II dentro de un radio de 500 metros a partir del límite de las plantas urbanas de municipios y comunas, y sí permite la aplicación de las Clases Toxicológicas III y IV dentro de ése radio. Según Raúl Montenegro, se trata de una ley “medieval” que fue concebida para proteger a las personas sólo de las dosis agudas (DL 50), pero para no protegerlas de las bajas dosis y la exposición crónica a estos agrotóxicos. Montenegro señala que esto debería representar una de las mayores preocupaciones: “Los plaguicidas tienen muchos efectos sobre el sistema hormonal y el sistema inmune, y a partir de estos efectos pueden desplegarse una gran cantidad de enfermedades. En el caso particular de la soja, donde se utiliza glifosato, endosulfán y 2,4 D, estas tres sustancias alteran el sistema hormonal por ejemplo y son peligrosas incluso en bajas dosis”.
Para Ricardo Fernández, responsable del Servicio de Toxicología del Hospital Infantil de Córdoba, uno de puntos a tener en cuenta es el fenómeno de dilución de estos productos: “Hay que respetar sí o sí la clasificación del producto. Un producto que es clase II, no deja de ser clase II por más que se lo diluya en el momento de la aplicación. Ese argumento se está utilizando y me parece peligroso, porque con ese mismo criterio se podría usar (dentro del radio de los primeros 500 metros) hasta un producto clase I mientras se lo diluya y eso no es correcto”. Por su parte, Daniel Gómez, jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba tuvo otra opinión al ser consultado por este medio respecto a si los plaguicidas de grado II diluidos pueden utilizarse como si fuesen de grado III ó IV: “Sí, eso es algo muy importante que se conozca, un plaguicida que se diluye en 70 ó 100 litros de agua, su concentración tóxica disminuye”. A todo esto, Raúl Montenegro manifestó que no es suficiente la participación de ingenieros agrónomos para autorizar una receta fitosanitaria: “No están capacitados para proteger la salud de las personas expuestas a bajas dosis. Ni siquiera ven durante su carrera los mecanismos de disrupción endocrina. Es indispensable replantear el sistema de autorización y que participen médicos, biólogos y otras profesiones en esto”.
El fiscal federal Gustavo Gómez, quien se convirtió en un referente ineludible en materia ambiental luego de conseguir el primer fallo en Latinoamérica contra una multinacional minera por contaminación (Bajo de La Alumbrera), reveló que, a diferencia de lo que muchos creen, la utilización del glifosato representa un verdadero problema: “La Agencia de Protección Ambiental (EPA) reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, dentro de la categoría altamente tóxicos. La Organización Mundial de la Salud, ha clasificado al glifosato como extremadamente tóxico (categoría I). Estudios realizados por científicos independientes han demostrado que el glifosato ha sido erróneamente calificado como ‘toxicológicamente benigno’. Los efectos en humanos, incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales y daño o falla renal. Creo que habría que prohibir el uso de los glifosatos”.
Sofía Gatica es una vecina de barrio Itauzaingó Anexo. Vive también junto a un campo con soja. Se la conoce por su férrea lucha contra la contaminación del barrio. “Yo perdí una hija que falleció por malformación. Nosotros tenemos estudios, no es que lo decimos por decir. Tenemos estudios hechos por el Ceprocor, por la UBA y por la Universidad de Rosario. Ahí se han hecho los análisis de los chicos. O sea que nosotros sí podemos decir por qué estamos enfermos. A nosotros se nos hizo todo tipo de análisis y la gente no tiene PCB ni PVC ni otra cosa, tiene agrotóxicos: tiene endosulfán y distintos agroquímicos”, cuenta con firmeza. Dice que en noviembre viajarán a Salta al Congreso Nacional de Equipos de Salud, en donde presentarán un informe con nuevos relevamientos que registran hasta la actualidad más de 300 casos de cáncer en el barrio”.
María Godoy es otra de las vecinas de Intuzaingó Anexo que lucha contra las fumigaciones. Hace saber que en el barrio hay malformaciones en casa de por medio. “Hay chicos que nacen totalmente deformados y mueren”, explica dolida. María asegura que no van a parar hasta que dejen de fumigar. Dice que cada vez que ven una máquina “mosquito” fumigando se meten al campo a detenerla. Recuerda que la última vez le quedaron los ojos hinchados por acercarse a la fumigadora. “Pero esto al final nos perjudicó porque ahora salen con la avioneta. En febrero hicimos una denuncia por eso y pusieron preso al sojero que fumigaba. Lo que pasa es que lo hacen de noche y sólo a veces nos damos cuenta. Encima hay días que está la CAP cuidando al “mosquito” en lugar de cuidarnos a nosotros”.
Para Alicia Morales Lamberti, titular de la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales del Ambiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, la ley provincial es inconstitucional porque avanza sobre los municipios. Además, sostiene que el gobierno no tiene capacidad efectiva para controlar y añade: “El problema es que el secretario de Agricultura haga cumplir lo que obviamente no va a hacer cumplir, porque han puesto al lobo a cuidar a las ovejas. O sea, el secretario de Agricultura está para promover la actividad agrícola, ¿y la tiene que fiscalizar también?, es una burla”.
María quiere que se sepa que el problema de las fumigaciones afecta a muchos barrios de Córdoba y pide que esto se difunda: “Pasa en camino a Alta Gracia, en barrio Comercial, en Guiñazú, y también en otros barrios: toman contacto con nosotros porque tienen a sus hijos enfermos, pero lo que pasa es que no protestan, no se organizan y todo esto sigue oculto, es como si no existiera. Queremos concretizar a la gente para que no les pase lo que nos ha pasado a nosotros. La gente no logra entender las enfermedades que esto le puede traer. Hasta que no te pasa, no tomás conciencia”.
Una voz ciudadana
En la ciudad de San Francisco, un grupo de mujeres consiguió alejar las fumigaciones que se realizaban habitualmente junto a sus viviendas. Preocupadas por la gran cantidad de casos de cáncer, problemas respiratorios, alergias y pérdidas de embarazos que se daban especialmente en los barrios pegados a los campos con soja, decidieron formar la agrupación Voz Ciudadana. Después de mucho buscarlo, consiguieron finalmente que se aprobara una ordenanza municipal que prohíbe fumigar con cualquier producto en los primeros 500 metros, y en los 500 metros siguientes sólo permite hacerlo con productos de clases toxicológicas III y IV. “Ahora la población misma se ocupa en general de controlar que no haya máquinas fumigadoras trabajando en los 500 metros del límite de las viviendas”, explicó Alicia Rópolo, una de las fundadoras de la agrupación.
Las presiones de la Rural
Alicia Rópolo le narró a Veintitrés una particular historia previa a la ordenanza: “En un determinado momento, mientras tratábamos de lograr la ordenanza y había mucha presión de las dos partes, y la gente de la Rural de San Francisco estaba empeñada en que no saliera ningún tipo de modificación a la ley provincial, recorrieron los 4 ó 5 sanatorios de San Francisco y pidieron en cada uno de ellos un certificado en donde los directivos aseguraban que nunca habían atendido a nadie por un problema de agroquímicos. 4 sanatorios lo hicieron, les dieron esos certificados y ellos los presentaron, y bueno, eran falsos. Nosotros en ese momento los denunciamos. Hicimos una presentación en el municipio, y presentamos pruebas de que era absolutamente falso, porque nosotros teníamos historias clínicas, teníamos certificados de gente que había pasado por cada uno de estos sanatorios con algún problema relacionado a los agroquímicos. Eso fue realmente una vergüenza”.
(*) En Revista Veintitrés
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