22 abr. 2010

No hay quien defienda a las victimas de los paramilitares en Colombia

Por: Gloria Castrillón- Reporteros de Colombia
El cansancio y la desesperación se apoderan de las víctimas de los grupos paramilitares. Además de padecer por la muerte, desaparición, tortura o desplazamiento de sus familiares a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, ahora sufren porque no tienen quién los represente ante los estrados judiciales ni quién defienda sus intereses frente a los victimarios.

El calvario para las víctimas comenzó desde la elaboración de la Ley 975 de 2005, que no fue clara a la hora de asignar la competencia para la representación judicial de las víctimas en manos de la Defensoría del Pueblo, como sí lo fue para asignar la tarea de la defensa de los procesados, es decir, de los paramilitares.
Esta falta de claridad hizo que durante varios meses las víctimas estuvieran en una especie de limbo, hasta que el procurador general del momento, Edgardo Maya Villazón, emitió una directiva ordenándole a la Defensoría del Pueblo asumir esa función. Finalmente, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, expidió una resolución creando el programa de representación judicial para víctimas adscrito a la Dirección Nacional de Defensoría, en diciembre de 2006.
Sin embargo, el 10 de enero de 2007, el Procurador volvió a atizar la polémica: “En desarrollo de las diligencias de versión libre que se adelantan en Medellín y Cali, el Ministerio Público ha tenido conocimiento de que numerosas víctimas de estos grupos armados se han presentado ante la Fiscalía sin contar con representación judicial”, dijo Maya Villazón en una carta pública. El defensor Vólmar Pérez reconoce que la entidad tuvo muchos tropiezos para asumir estas funciones, ya que el Estado no le asignó presupuesto ni ordenó crear una estructura administrativa como sí ocurrió con la Fiscalía y la Procuraduría, que crearon sus propias unidades de Justicia y Paz.
La preocupación fue ratificada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en su boletín institucional de agosto del año pasado: “Sólo un aproximado de 11.000 víctimas cuentan con ese servicio por parte de la Defensoría de las casi 138.000 inscritas ante la Fiscalía de Justicia y Paz”. Según Álvaro Córdoba, quien dirigió un estudio sobre el tema a solicitud de la CNRR, afirma: “Las cifras que tenemos es que cada defensor tiene a su cargo entre 500 y 600 poderes, lo cual hace totalmente ineficaz su trabajo”.
Las historias
En Barranquilla, por ejemplo, la mayoría de las víctimas consultadas ignora cuál es el papel del defensor público y se quejan de la demora en la asignación de éste y de la falta de contacto personal con él, a quien sólo llegan a conocer cuando coinciden en una diligencia judicial. “No contestan el teléfono porque dicen que cada uno de ellos lleva hasta más de 300 casos y les queda imposible conocernos personalmente”, comentó una víctima consultada.
En Nariño, las víctimas reconocieron el trabajo de la Defensoría en la entrega de información, pero la mayoría aún no tiene defensor asignado. La entidad aduce que únicamente tienen cuatro defensores públicos que atienden, en promedio, 200 casos no sólo de Justicia y Paz. Uno de los casos más preocupantes es el de Medellín por el alto número de víctimas que registra la regional.
Según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría, a octubre de 2008, esta entidad tenía más de 13.000 poderes y apenas 25 defensores. Desde allí nuestro corresponsal reporta el caso de Ofelia, una mujer de 45 años. Su esposo fue asesinado en 1995 por negarse a pagarle vacunas a las Auc y siete años después también lo fue su único hijo, Ébert, de 17 años.
Ofelia decidió acudir a Justicia y Paz en 2006. “Del caso de mi esposo llegó respuesta por parte de la Fiscalía para que fuera a la Defensoría y me asignaran abogado. Sobre el caso de mi hijo no respondieron. Pasaron dos años y no me volvieron a llamar, nunca tuve contacto con mi defensor. Hace tres años me dieron su número celular, pero es difícil contactarlo”, sostiene.
En febrero de 2009 regresó a la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz y le dijeron que de nuevo se presentara a la Defensoría para que le asignaran defensor público para el caso de su hijo. Según Ofelia, este proceso es complicado y requiere de paciencia. En Putumayo, donde se concentra un número importante de víctimas de Justicia y Paz, las personas consultadas se quejaron de que llevan hasta dos años tramitando sus peticiones sin tener aún defensor asignado.
Además de la falta de información, cuentan que sólo se han realizado dos jornadas de asistencia, en Puerto Asís y La Hormiga.
Las explicaciones
Alfonso Chamie, director nacional de Defensoría Pública, asegura que su despacho tuvo que asumir sin recursos y sin funcionarios la representación de las víctimas: “Inicialmente creamos grupos en las ciudades donde funcionaban los Tribunales de Justicia y Paz y se hicieron con los mismos funcionarios que teníamos, a quienes les asignamos esta tarea. Luego empezamos a contratar personal y ya tenemos 98 defensores en las regionales de Atlántico, Antioquia y Bogotá, además de 17 abogados para asesorías en Cesar, Chocó, Bolívar, Caldas, Valle, Magdalena Medio, Caquetá, Magdalena, Sucre y Santander” (cifras a diciembre de 2008).
Según el funcionario, la entidad acaba de conseguir una adición presupuestal de $4.000 millones para ampliar la estructura de la Defensoría Pública y contratar a 32 abogados más para completar 130 representantes judiciales para las víctimas, que serán ubicados preferencialmente en aquellas ciudades donde se transmitan las versiones de manera satelital.
En este punto, Adolfo Salamanca, ex vicefiscal general, remarca que todas las entidades del Estado debían volcarse hacia las víctimas, buscarlas y protegerlas porque en su mayoría son personas que viven alejadas de centros urbanos, analfabetas, pobres y que además viven en condición de desplazamiento. “Ellos no ven periódicos ni internet. La gran tragedia es que se les quitó todo, allá no llega el Estado y nadie se interesa por ellos”.
La respuesta del Defensor del Pueblo
La respuesta del defensor Vólmar Pérez frente a las críticas fue lapidaria: “La tarea nuestra no
es ir por las veredas recogiendo poderes. Tenemos que esperar que el equipo de Justicia y Paz solicite la representación judicial para entrar a cumplir nuestras funciones”. Pérez explica que la obligación de la Defensoría en esta etapa del proceso es de orientación y asesoría, porque la representación judicial se hace en el incidente de reparación que no ha empezado. Pero María Consuelo Ramírez, abogada consultora de la ONU, lo contradice: “Las víctimas deben entrar en el proceso desde el principio, deben asistir a las versiones libres, interrogar a los postulados, llevar pruebas, participar hasta que se dicte la sentencia, no sólo en el incidente de reparación. Si la víctima no tiene una buena defensa, estará en desventaja frente al victimario, quien sí tuvo una defensa eficaz todo el tiempo”.
Las quejas de las víctimas
“Yo ya me aburrí de seguir preguntando. Empecé a venir a la Defensoría de Popayán en junio de 2008. Primero me dijeron que mi caso lo llevaba un abogado de Medellín de nombre Giovani Bolaños, pero luego él renunció y lo remitieron a un abogado de Cali, que no sé quién es. Igual con ninguno he hablado nunca”: Ferney, víctima del bloque Calima. Entre tanto Lucila, víctima de los ‘paras’ en Barrancabermeja, asegura: “Me habían asignado una abogada, pero yo duré como un mes llámela y llámela y el celular siempre estaba apagado, pero como cambiaron los procesos de Medellín para Bucaramanga, entonces me dicen que ahora sí nos van a asignar un abogado en Bucaramanga”.

* Reporteros de Colombia es un proyecto de Medios para la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y el Programa por la Paz (Cinep). Agrupa periodistas de varias regiones del país comprometidos con el cubrimiento responsable del conflicto armado y los esfuerzos de construcción de paz en Colombia

1 comentario:

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saludos

sebastián