Por Lázaro Llorens
“Ética, República, y Distribución del Ingreso”. Esto dice el eslogan de campaña de la Coalición Cívica, alianza política que capitanea Elisa Carrió. Sin embargo, su principal candidato a diputado por Capital, Alfonso Prat Gay, tiene un grave asunto pendiente con la justicia, reñido con la ética, la república y la distribución del ingreso.
A raíz de una denuncia penal realizada por el exdiputado del ARI Mario Cafiero, en el 2007, el fiscal Oscar Amirante lo imputó por el delito de defraudación. Lo investiga por el vaciamiento de los bancos del 2001, en el cual Prat Gay habría tenido un importante papel: ocultar desde la presidencia del Banco Central la fuga de 26 mil millones de dólares que quedaron en un puñado de bancos, entre estos el JP Morgan, entidad de la cual Prat Gay fue su Jefe de Negocios
en el mundo hasta el 2001. En la causa también está imputado Mario Blejer, y
cientos de banqueros.
En su dictamen, el fiscal Amirante sostiene que en la crisis financiera del 2001, que terminó con el famoso corralito “existió un plan destinado a proteger y favorecer a determinados grupos de poder económico y en especial a los patrimonios de los bancos”. Y en ese plan “Prat Gay -ex hombre de Cavallo y del JP Morgan- tuvo un rol clave. Fue el gran encubridor de toda la maniobra.
Pues, a pesar de que los balances del Banco Central evidenciaban la descomunal estafa que los bancos habían realizado con las reservas, cuando arribó al Central tapó todo” disparó Mario Cafiero ante Veintitrés.
El plan.
En el 2001, los principales bancos internacionales advertían que Argentina con su convertibilidad se encaminaba hacia el default de su deuda.
Frente a esto, sostiene el fiscal en su dictamen, los bancos, en connivencia con funcionarios públicos, llevaron adelante un plan para poner al resguardo sus intereses y huir preventivamente del la crisis.
Con ese propósito, un pool de bancos internacionales, en cuya cabeza estaba el JP Morgan Chase & Co, sustituyeron 19 mil millones de dólares que tenía el sistema financiero argentino como reservas, ante posibles contingencias de la convertibilidad (RML - Requisitos Mínimos de Liquidez) por títulos de la deuda externa argentina que estos bancos tenían en su poder, y sobre los que se avizoraba un seguro default. Así, fugaron los dólares al exterior, y dejaron en
los bancos argentinos títulos de escaso valor.
A la par, este pool de bancos internacionales, nuevamente con el JP Morgan a la cabeza, hicieron caer un contrato que tenían con el Banco Central por 7 mil millones de dólares, agrega Amirante. Era un “contrato de pases contingentes” que establecía que ante una crisis o fuga de depósitos, estos bancos internacionales debían asistir con 7 mil millones de dólares al Banco Central.
Había sido contratado en 1996 luego de la “crisis del tequila”, y por él el Banco Central pagó 200 millones de dólares.
“Esto dos hechos, echar manos a las reservas que trepaban a 19 mil millones de dólares; y desobligarse del contrato de “pases contingentes” con el Banco Central, fueron el núcleo de una serie de actos estafatorios que estuvieron destinados a salvaguardar los intereses de un grupo de bancos internacionales encabezados por el JP Morgan y el City Bank, en desmedro de los genuinos intereses argentinos” sintetizó el ex diputado Mario Cafiero ante Veintitrés.
Esta serie de actos “estafatorios” que se llevaron adelante en medio de la crisis más profunda que atravesaba Argentina en 100 años, cuando la pobreza era una epidemia y los presidentes duraban días, fueron expuestos por el fiscal Amirante en su dictamen. Secuencialmente ellos son:
-Blindaje: fue la fase uno del plan. Para cumplir sus compromisos con los acreedores externos, mediante este acuerdo firmado a fines del 2000, Argentina se comprometió, ante el FMI, a sustituir el financiamiento externo por financiamiento interno. El monto comprometido fue de 20 mil millones de dólares. El mismo monto que entonces tenían en reservas los bancos
argentinos, acumuladas desde la crisis del Tequila.
-Plenos poderes para Cavallo: Para asumir nuevamente como ministro en marzo del 2001, el “Mingo” exigió que se le otorgaran plenos poderes para así supuestamente, poder sortear la caída de la convertibilidad y la economía. En realidad lo fue para hundirla definitivamente. Porque Cavallo usó esos plenos poderes, para entre otras cosas, reformar la Carta Orgánica del Banco Central.
Y permitirle a los bancos integrar las reservas con títulos de la deuda. Y a la par puso a estos directamente bajo la supervisión del presidente Banco del Central. O sea del cofrade de estos, el banquero Roque Maccarone, del Banco Rio y Banco Galicia, a quién el Mingo había designado en sustitución del removido Pedro Pou. De esta manera Mingo preparó el terreno para hacerle
minga a las reservas.
-Megacanje: este canje de deuda, por el cual están procesados Domingo Cavallo, Daniel Marx y el JP Morgan, fue la fase tres. Se realizó a mediados del 2001 y tuvo un doble objetivo. El primero fue hacer caer el contrato de pases contingentes que tenían el JP Morgan Chase & Co y otros bancos con el Banco Central. Con ese fin, mediante el canje se esterilizaron los títulos de la deuda
que el Banco Central debía entregar como garantía de ese contrato, para poder recibir el “préstamo contingente”. Con lo cual, al no existir esas garantías, el contrato de pases contingentes por 7 mil millones de dólares no se pudo cumplir. No por culpa del JP Morgan y sus asociados, sino por culpa del Banco Central y el Estado argentino.
El otro objetivo fue introducir los títulos de la deuda externa que estos bancos internacionales tenían en el exterior -uno de cuyos principales colocadores había sido el JP Morgan- en los bancos argentinos; para canjearlos por las reservas. “Con este canje, los bancos internacionales y el JP Morgan, se sacaron los bonos de encima y se los enchufaron a los bancos locales, llevándose los dólares” explicó Cafiero a esta revista. “Así se fueron 19 mil millones de dólares de reservas” agregó.
-Prestamos Garantizados. Fue el remate final de la maniobra. Los implementó Cavallo en diciembre del 2001 por Decreto de Necesidad y Urgencia. En el mismo momento en que instauró el legendario “corralito”, con lo cual se le confiscaron los ahorros a ciento de miles de ahorristas argentinos. Para el Fiscal, esta operación también tuvo un doble propósito.
El primero fue resguardar el patrimonio de los bancos locales que, tras el Megacanje y el escamoteo de las reservas, habían quedado atiborrados de bonos de la deuda que estaban a punto de caer en default. Con los Préstamos Garantizados, poniendo como respaldo el impuesto al cheque, Cavallo les garantizó a los bancos locales el cobro de esos bonos, que hasta el día de hoy se siguen pagando puntualmente.
El otro objetivo fue disimular el multimillonario escamoteo de las reservas. En febrero del 2001, según los balances del BCRA, las reservas (Requisito Mínimo de Liquidez) eran de 19 mil millones de dólares. En noviembre de ese año, tras el Megacanje, esas reservas prácticamente no existían. Habían sido reemplazadas por más de 20 mil millones de dólares en títulos de la deuda.
Estos números que arrojaban los propios balances de los bancos eran muy elocuentes. Evidenciaban que en pocos meses, las reservas se habían evaporado. Y esa evaporación no se podía justificar aduciendo que las reservas se habían utilizado para pagar los depósitos que retiraron los ahorristas. Porque los balances también mostraban que si bien de febrero
(antes de asumir Cavallo) a noviembre del 2001, se habían retirado depósitos por 21 mil millones de dólares, en ese ínterin los bancos también habían recuperado préstamos (de manera anticipada, infligiendo un gravísimo daño a la economía del país) por 20 mil millones de dólares. Es decir, que con el cobro de los créditos, los bancos habían solventado el pago de los depósitos que la gente retiró.
Para maquillar este atraco de las reservas, se implementaron los denominados “Prestamos Garantizados”. Mediante esta normativa, en un ingenioso acto de contabilidad creativa, Cavallo les permitió a los bancos que computaran los títulos de la deuda, la mayoría de ellos otorgados con el Megacanje, como prestamos. Mediante esta simple modificación contable, los préstamos de los bancos se incrementaron de golpe en 20 mil millones de dólares. Esto les permitió a los bancos sostener, en sus balances y ante la sociedad, que las cuantiosas reservas faltantes se habían ido por el masivo retiro de depósitos ocurrido durante la crisis económica del 2001. Cuando en realidad habían sido fugados al exterior, dejando al sistema financiero repleto de títulos de la deuda externa sin valor.
“Los Prestamos Garantizados fueron un paso vital que les permitió a los bancos estar cubierto en varios frentes” afirma el fiscal Amirante en su dictamen. Y enumera: “Uno de estos fue ocultar su política de recuperación de préstamos durante la crisis. Los bancos durante la crisis del 2001 recuperaron mayores montos en préstamos de los que perdieron por retiro de depósitos. La
contabilización de la operación de los Prestamos Garantizados disimuló esta criminal política bancaria”.
Prat Gay.
Desde el primer momento, Alfonso Prat Gay estuvo involucrado con este descomunal escamoteo de las reservas del sistema financiero. A fines del 2000, simultáneamente en que Argentina con el Blindaje, se comprometía a usar sus reservas para cumplir con sus acreedores internos, Prat Gay saltó a la escena pública. Lo hizo gracias a una serie de extensas entrevistas que le
efectuó el diario LA NACION, directamente a sus oficinas del JP Morgan Chase & Co en Londres. Lugar desde donde el actual candidato por la Coalición Cívica, se desempeñaba como Jefe de Investigación y de Estrategias de Monedas. Uno de los cargos más importantes del JP Morgan. Su función era especular con los movimientos monetarios y los tipos de cambio en todo el
mundo, para sacar suculentas ganancias de ellas. Sin importar el daño social que ocasionara a los países afectados.
En esa ocasión, en una de las tantas entrevistas concedidas a LA NACION, Prat Gay textualmente dijo que “JP Morgan recomendaba -a Argentina- un acuerdo político para que se reduzcan las deudas de los inversores externos, ante el creciente peso de la deuda pública Argentina.”
Su imagen saltó a la consideración pública a mediado del 2001, cuando “Mingo” Cavallo arribó al ministerio de economía con el gobierno de la Alianza.
Allí, antes de concretar el Megacanje, que tenía como principal agente al JP Morgan, Cavallo postuló a Prat Gay, que aun era Jefe de Negocios del JP Morgan, como vicepresidente del Banco Central. No era un cargo testigo.
Desde la vicepresidencia del Central se tiene el control directo de todos los bancos que operan en el país. “Se pretendió poner a un pedófilo, a cuidar el orfanato” señalaron algunos.
En esa oportunidad, en otra de las tantas entrevista que publicó LA NACION, Prat Gay indicó que la “urgencia no eran los depósitos, sino si el Estado podía pagar su deuda”. Y respaldó “el uso de reservas para pagar la deuda pública”.
A pesar de esto su nombramiento no prosperó. El senado de la Nación, a raíz de un dictamen de la Oficina Anticorrupción, rechazó su pliego. Remarcó que el nombramiento de Prat Gay violaba un inciso de la Ley de Ética Pública que decía que ninguna persona podía ocupar un cargo público, si se había desempeñado hasta un año antes en un cargo privado con intereses
contrapuestos.
Realizado el Megancaje, y tras el préstamo con que el FMI se puso en sustitución del incumplido compromiso del “préstamo contigente” del JP Morgan y otros, con el que se alimentó la definitiva fuga de divisas, Cavallo no conforme con ese rechazo, pretendió incorporarlo a su equipo económico en remplazo de Daniel Marx. Otro de los cerebros de este plan de vaciamiento,
según los denunciantes.
Del Morgan al Central. El salto del JP Morgan al Banco Central Prat Gay recién lo pudo dar al año siguiente. Más precisamente en noviembre 2002, cuando el ex presidente Eduardo Duhalde lo nombró presidente de esa entidad, en cumplimiento de otra de las precondicionalidades exigidas por el FMI, para arribar a la firma de un nuevo Acuerdo.
Prat Gay había aterrizado a Buenos Aires procedente directamente de Londres, el 6 de enero del 2002. El mismo día en que Duhalde decretaba la devaluación del peso. En los meses previos a su nombramiento en el Central, el actual candidato de Carrió se había desempeñado como asesor de Mauricio Macri, en momentos en que actual Jefe de la Ciudad comenzaba a meditar su actual
carrera política.
El ex ejecutivo del JP Morgan Chase & Co llegó al Central cuando el país ardía por los cuatro costados. Y los bancos, por su incautación de los depósitos a los ahorristas, ni siquiera podían abrir sus puertas. A todo esto, en los balances del Banco Central, había grandes rastros del atraco que habían cometido los bancos contra las reservas. Eran tan evidentes que los propios auditores
externos del Banco Central (la consultora KPMG) y la Auditoria General de la Nación (AGN) habían rechazado en Agosto del 2002, los balances del 2001, debido a las gravísimas inconsistencias que presentaban sus cuentas.
Específicamente, la AGN, en su informe había manifestado que “debido al efecto muy significativo que sobre los estados contables pudieran tener eventuales ajustes y reclasificaciones…que pudieran requerirse de la situación de incertidumbre planteadas, no estamos en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión sobre los estados contables del Banco Central de la República Argentina, considerados en su conjunto”.
En este delicado contexto asumió Prat Gay la presidencia del Banco Central. Y su arribo, “tuvo como objeto tapar todo lo acontecido en torno a las reservas y el contrato de pases contingentes, hechos en lo que el JP Morgan estaba seriamente comprometido” explicó el ex-diputado Mario Cafiero ante Veintitrés. “Prat Gay fue el gran encubridor” agregó.
Su llegada también implicó un inmediato acuerdo con el FMI. Y una compensación integral a los bancos por la pesificaición asimétrica, y los activos que tenían en dólares. “No solo ocultó la maniobra. A la par procuró, junto con Lavagna, que los bancos, los grandes responsable de la catástrofe del 2001, no salieran perjudicados,” concluyó el ex diputado.
Aun así la tarea de Prat Gay no fue sencilla. En el 2003 la AGN y la consultora KPMG, rechazaron nuevamente los balances del Banco Central. Ambos auditores continuaban señalado que no había continuidad en las cuentas del Banco. Este balance llevó estampada la firma de Prat Gay. Recién en el ejercicio del 2003, el actual candidato a diputado por la Coalición Cívica pudo
aliñar las cuantas. Sin hacer una sola mención de los 26 mil millones de dólares que se fugaron en el 2001 de las bóvedas del sistema financiero argentino.
Por todos estos gravísimos hechos, que perjudicaron a ciento de miles de ahorristas nacionales, y a toda la sociedad argentina, el fiscal Amirante, al imputar entre otros muchos banqueros a Alfonso Prat Gay, en su dictamen señaló: “Esta investigación se propone abrir la caja negra del sistema bancario y financiero para poder determinar si las catástrofes se debieron a causa
naturales o si hubo negligencia, impericia o dolo. Esa caja negra se llama Banco Central de la República Argentina y el conjunto de bancos del sistema financiero.”
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